Ibermática-Ayesa: remangarse… con la calculadora en la mano

El diario El Correo publica hoy un editorial que apela a una idea tan atractiva como resbaladiza: el “arraigo empresarial” como bien superior que debería alinear sin fisuras a gobiernos, industriales y fundaciones bancarias. La consigna es clara: toca remangarse por la industria y quien no lo haga —en este caso Kutxa Fundazioa— se sitúa poco menos que fuera del consenso moral que exige el momento. El problema es que, cuando se baja del eslogan a los números, el relato empieza a hacer aguas.

Dejando al margen Uvesco, que es caso aparte porque hay directivos y fondos comprometidos, las operaciones que el diario presenta como éxitos del nuevo impulso industrial vasco (Talgo y la antigua Ibermática/Ayesa) comparten un rasgo incómodo que el editorial pasa por alto: su rentabilidad es, como mínimo, discutible. No se trata de debates ideológicos ni de agravios territoriales, sino de criterios técnico-financieros básicos. Precisamente los que han llevado a Kutxa a no participar. Convertir esa decisión en una suerte de deslealtad al “bien común” es una simplificación interesada.

Talgo es el ejemplo más evidente. Una empresa estratégica, sí, pero con una trayectoria reciente marcada por la volatilidad, los problemas de gobernanza, averías, incapacidad para cumplir compromisos de entrega y una dependencia extrema de contratos públicos. Presentar su rescate como una inversión industrial modélica ignora que, para los inversores que entran, el binomio riesgo-retorno está lejos de ser evidente.

Algo parecido ocurre con Ibermática/Ayesa, donde el discurso del “arraigo” sirve para justificar una operación defensiva frente a un eventual fondo extranjero, pero no garantiza ni márgenes atractivos ni un proyecto industrial sólido a largo plazo. Blindar el accionariado local no equivale automáticamente a crear valor.

En ese contexto, la posición de Kutxa no resulta sorprendente, sino coherente con su obligación fiduciaria. Las fundaciones bancarias no son brazos ejecutores de la política industrial del Gobierno vasco, por mucho que compartan una “función social”. Su responsabilidad es preservar patrimonio y generar recursos sostenibles para esa función social futura. Forzarlas a invertir en operaciones de dudosa rentabilidad por razones simbólicas o políticas sería, eso sí, una mala praxis difícil de justificar.

El editorial incurre además en una paradoja llamativa. Rechaza los “intereses territoriales y partidistas”, pero termina reclamando que el PNV “armonice” la política inversora de las fundaciones. Traducido: que la discrepancia técnica se resuelva por la vía política. No es una defensa de la despolitización de la economía, sino justo lo contrario.

Conviene añadir otro elemento que el texto ignora: El Correo tiene en las instituciones vascas a su principal anunciante. No invalida automáticamente su opinión, pero sí aconseja leer con cautela un editorial que coincide milimétricamente con el discurso del Gobierno y que estigmatiza a quien se desmarca de él. Cuando el mensaje es que no hay alternativa razonable a sumarse al plan oficial, el periodismo corre el riesgo de convertirse en altavoz.

Remangarse por la industria es necesario, sin duda. Pero hacerlo sin mirar la cuenta de resultados, sin evaluar riesgos y sin aceptar el disenso técnico no es política industrial: es voluntarismo. Y ese tipo de voluntarismo, cuando se financia con dinero semipúblico y se blinda con argumentos morales, suele acabar saliendo caro. A veces no solo a los inversores, sino al conjunto de la sociedad a la que se dice proteger.