Por qué España está eliminando los peajes y Estados Unidos los está multiplicando

Durante décadas, pagar por circular por una autopista fue algo habitual en España. Hoy, sin embargo, la mayor parte de la red estatal de alta capacidad es gratuita, con una excepción notable: el País Vasco, cuyas diputaciones han decidido mantenerlos aunque con tarifas planas para los conductores locales. Al otro lado del Atlántico ocurre justo lo contrario. En Estados Unidos, los peajes, incluidos en autopistas ya existentes, están viviendo un renacimiento.

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La paradoja no es casual: responde a modelos de financiación muy distintos, a decisiones políticas acumuladas durante décadas y a problemas estructurales que hoy afloran con fuerza. La expansión de las autopistas de peaje en España se produjo sobre todo entre los años sesenta y noventa. El Estado, con recursos limitados, optó por concesiones privadas para construir rápidamente grandes infraestructuras. El principio era claro: quien usa la vía, la paga.

Ese modelo empezó a resquebrajarse tras la crisis financiera de 2008. Muchas concesionarias, especialmente en el entorno de Madrid pero también en Euskadi (túnel de Artxanda) quebraron por previsiones de tráfico demasiado optimistas, obligando al Estado a rescatar autopistas deficitarias. A partir de ahí, y especialmente desde 2018, el Gobierno optó por no renovar las concesiones cuando vencían.

Autopistas históricas como la AP-7 o la AP-2 pasaron a ser gratuitas. En el caso vasco, las rescatadas y las concesiones que han caducado no han eliminado los peajes pero sí han pasado a depender al 100% de la diputación foral de turno, que teóricamente destina los ingresos a mejorar las infraestructuras ya existentes o a construir nuevas.

Las razones para la gratuidad fueron tanto económicas como políticas:

• Coste político: los peajes eran profundamente impopulares, especialmente en corredores donde existían alternativas gratuitas.
• Capacidad fiscal: el Estado español financia las carreteras principalmente vía presupuestos generales, impuestos generales y, en menor medida, impuestos especiales sobre los carburantes.
• Cambio de narrativa: se impuso la idea de que las autopistas ya estaban “más que pagadas” y que mantener peajes era injusto territorialmente.

El País Vasco es la gran excepción. Allí, la mayoría de las autopistas siguen siendo de peaje. La clave está en su régimen foral: las diputaciones forales financian, construyen y mantienen gran parte de la red viaria con sus propios recursos. En ese contexto, el peaje no se percibe como un vestigio del pasado, sino como una herramienta lógica de financiación y gestión.

Además, el sistema permite captar ingresos de tráfico pesado internacional y de paso, algo especialmente relevante en un territorio muy transitado tanto por mercancías (es la ruta más corta hacia el norte de Europa) como de viajeros que cruzan Europa hacia el sur de España.

En Estados Unidos, históricamente, los peajes eran la excepción. La gran red de autopistas interestatales se construyó desde los años cincuenta con un impuesto federal sobre la gasolina. El pacto implícito era sencillo: si pagas combustible, ya has pagado la carretera. Ese modelo hoy está roto por las siguientes razones:

• Los coches son cada vez más eficientes y eléctricos.
• El impuesto federal sobre la gasolina no se actualiza desde 1993.
• Mantener y renovar infraestructuras es cada vez más caro.

El resultado es un enorme déficit. El fondo federal para carreteras ya no cubre ni de lejos el gasto real, y los estados se enfrentan a agujeros multimillonarios en mantenimiento. En ese contexto, los peajes han pasado de ser políticamente tóxicos a una solución pragmática.

A diferencia de España, en EE.UU. los peajes no se limitan a nuevas infraestructuras. Algunos estados están explorando cobrar por usar autopistas ya existentes, algo impensable hasta hace poco. Además, el peaje cumple funciones adicionales:

• Hacer pagar a los no residentes, que usan infraestructuras sin contribuir vía impuestos locales.
• Reducir la congestión, especialmente mediante carriles exprés con precios variables según el tráfico.
• Atraer capital privado, mediante concesiones o asociaciones público-privadas.

Paradójicamente, esta expansión cuenta con apoyos en ambos partidos, aunque con tensiones crecientes: el peaje empieza a chocar con discursos populistas contrarios a “pagar por circular”. En el fondo, España y EE.UU. afrontan el mismo dilema: cómo financiar infraestructuras caras en un mundo con menos ingresos ligados al combustible.

España lo ha resuelto, de momento, evitando el conflicto político del peaje. Estados Unidos, enfrentado a una red gigantesca y envejecida, ha decidido que el conductor vuelva a pasar por caja. La pregunta, en ambos casos, es cuánto tiempo podrá sostenerse cada modelo sin volver a cambiar de rumbo.