Pérez de Calleja critica a CAF por aumentar sueldos en medio de la crisis

El último informe de coyuntura del economista Antxon Pérez de Calleja es contundente como ninguno. Además de poner a caldo a Rajoy, critica a CAF por aceptar un convenio que incluye subidas de sueldos y reducción de la jornada laboral. A su juicio, esto va a generar una reducción de la competitividad del fabricante de trenes y, por consiguiente, supondrá una destrucción de empleo. La decisión de CAF contrasta, por cierto, con los deseos de ArcelorMittal de recortar los sueldos un 10% y aumentar la jornada laboral un 6%.

Este es el informe completo de Pérez de Calleja:
1. Lo que llama la atención del enorme fracaso cosechado por el Gobierno de Mariano Rajoy es su absoluta falta de plan, programa o agenda a la hora de encarar los difíciles problemas que se iba a encontrar al llegar al poder. Todos dábamos por supuesto que, habiendo tenido todo el tiempo del mundo, tras asistir como testigos mudos a la larga lista de errores que iba cometiendo el Gobierno socialista, habrían establecido un plan de acción tan resolutivo y determinante como fuera necesario. Con todas las reformas definidas, con todos los reglamentos escritos, con todos los recortes marcados en rojo.

Se trataba del enésimo espejismo en el que caemos los ciudadanos de este país a pesar de no ignorar la limitada capacidad de la clase política española, una élite cooptada entre la burocracia de altos funcionarios que lleva sobre sus espaldas el peso inmenso (porque no deja de crecer) de la nave del Estado. Pero las circunstancias eran tan fatídicas, los acontecimientos se amontonaban a tal velocidad, el descrédito del país se iba haciendo tan enorme, que todos imaginábamos que surgiría el canciller de hierro, que no sería Rajoy evidentemente, que se haría cargo del problema.

En lugar de ello, Rajoy se tomó la composición del nuevo Gobierno con una parsimonia que dejó a todo el mundo con los ojos a cuadros. Luego esperó un tiempo infinito para hacer público los nuevos Presupuestos. En lugar de poner al frente a un ministro de economía con todos los poderes necesarios para aplicar una terapia de caballo, puso a dos que no se entienden, que proceden de mundos diversos y tienen relatos diferentes. Finalmente, cuando se publicaron los catastróficos datos de la ejecución del Presupuesto de 2011, con una desviación del 50% sobre el plan de la señora Salgado (el déficit se cumplirá sí o sí), y afloró el agujero de Bankia, los observadores comunitarios y del FMI, y los mercados, pudieron hacerse una idea exacta de su talla de estadista. A un desastre pregonado sucedía un desastre competitivo: lo podemos hacer tan mal como los anteriores.

2. El Gobierno no entiende lo que pasa, y eso que es bien sencillo. Con la deformación profesional propia de su pertenencia una cámara de representantes que formula leyes a velocidad de vértigo, la clase política piensa que ha cumplido, aunque los efectos de la reforma laboral ni están ni se les espera, y de la reforma financiera es mejor no hablar. Aquí no se distingue entre promulgar una ley y aplicarla, que son cosas muy distintas, y entre aplicarla y evaluar sus resultados, que es cosa ardua y complicada. Porque de gestionar ni se habla. La clase política hace compatible la celeridad en la decisión con el desdén hacia sus resultados prácticos. Una deformación juridicista propia de un gobierno de abogados del estado y números uno de su promoción que confunde decir con hacer. Durante el franquismo ya tuvimos experiencias parecidas en este sentido.

Cuando Draghi o el FMI critican el curso de los acontecimientos casi nunca se refieren a las reformas en sí sino a la falta de resultados concretos. En algo tan fundamental como es la reforma laboral, el BCE destaca que los salarios han disminuido con retraso y de forma inapreciable. Si el BCE leyera el periódico descubriría que los salarios crecieron en 2009, momento álgido de la crisis, más de un 4%, y que ahora mismo, en plena recaída en la recesión, están creciendo más del 2%, por encima incluso del IPC, lo que es achacable a la inercia de convenios firmados hace años. Que eso esté ocurriendo con casi seis millones de parados debe dejar con los ojos a cuadros a los pronto famosos «hombres de negro». Irlanda, por ejemplo, ha reducido sus salarios una media del 15%.

Así que las empresas, sobre todo las empresas exportadoras, que son las únicas que pueden crear empleo, no lo van a hacer o lo van a destruir para mejorar su competitividad. Sobre todo si aceptan convenios como el que ha firmado la CAF por el que se consagra de nuevo un salario ligado al IPC, y se reduce la jornada semanal a 35 horas, convenio que los sindicatos presentan jubilosos como ejemplo de rechazo a la reforma laboral. Ante este panorama uno se pregunta si se van a aplicar en la vida real las medidas que recomienda el BCE, tales como reducir el salario mínimo, relajar las leyes de protección laboral, favorecer la negociación de convenios a nivel de empresa, reducir las indemnizaciones por despido, y abolir la interrelación entre salarios e inflación. A pesar de que si todo eso se hubiera aplicado hace unos años no se hubiera producido la destrucción de empleo a la que hemos asistido.

No somos en absoluto competitivos pero los costes de todo (salariales, de la energía, de los servicios, de las viviendas) muestran una resistencia numantina a bajar. Así no se sale de una crisis.

3. A pesar de las malas expectativas de crecimiento de este año y el que viene, es poco probable que se ponga en la práctica una verdadera reforma de la función pública, tan importante si no más que la reforma laboral, lo que reduce el margen de maniobra a la mínima expresión. Es para quedarse patidifusos que, a pesar de los recortes salariales que se han aplicado a funcionarios y empleados públicos, los costes laborales de la Administración sigan creciendo año tras año. Pero es que, en el fondo, no se trata de bajarles el salario o quitarles la paga de Navidad, que son recortes indiscriminados, sino de reestructurar la Administración, una organización de más de tres millones de personas que no ha conocido el menor replanteamiento en toda su vida y que siempre ha resuelto su falta de productividad con un aumento de su tamaño. Ningún análisis de plantillas idóneas, de los solapamientos entre el Estado y las autonomías, o de diferenciar entre lo importante y lo accesorio. Por no mencionar la inexistencia de un plan de calidad y un sistema de sanciones que incluya el despido.

La política de austeridad de la Administración es pura apariencia sin apenas efectos reales, un ajuste modesto a un ritmo casi estático, poco más de un punto de déficit por año, lo que lleva a incumplir sistemáticamente los objetivos fijados por Bruselas. En medio de las enormes dificultades que el Estado atraviesa para financiarse, el consumo público solo se redujo un 0,5% en 2011. Este año, las Comunidades Autónomas volverán a violar casi todas el tope fijado del 1,5% y no por poco. Varias de ellas están al borde del rescate, eso sí, sin condiciones. Todavía hay que gente que cree que la recesión se debe a la política de austeridad como si tener un déficit de entre el 11 y el 9% (2009-2011) no fuera la política más expansiva que cabe imaginar, aunque también sea una política que no nos podemos permitir.

Cada día el Gobierno lanza globos sonda sin otra pretensión que calibrar el grado de rechazo que van a provocar medidas que tenían que haber sido tomadas hace tiempo. Por ejemplo, «comenta» una posible reducción de unos 20.000 efectivos de las fuerzas armadas, un colectivo de 150.000 empleados que tiene serias dificultades para desplegar 2.000 o 3.000 soldados en misiones más o menos humanitarias. También «estudia» la posibilidad de reducir el número de juzgados, muchos de los cuales no tienen ningún sentido, o «apunta a la posibilidad» de que las Diputaciones se hagan cargo de los servicios que ahora desarrollan Ayuntamientos pequeños. El de Jerez de la Frontera, con una deuda monstruosa de más de 1.000 millones y una plantilla inmensa de más de 2.000 empleados (seguro que no saben con exactitud cuantos son) se las ve y se las desea para aplicar un ERE de rescisión a 350 personas. Los Sindicatos han advertido que no les va a salir fácil ni barato.

El Gobierno Vasco, el del Concierto Económico, está muy contento porque ha conseguido reducir el déficit al 4% en 2011, toda una hazaña cuando se tiene los funcionarios mejor pagados de España. Una Administración que ha seguido creciendo en plena crisis, y que se niega en redondo a despedir no ya a funcionarios sino a empleados públicos e interinos. El nuevo Gobierno que surja de las elecciones sabe que no puede seguir jugando con el déficit, pero ello equivale a un enfrentamiento en toda regla con los principales beneficiarios del Concierto económico: los funcionarios.

A los ciudadanos no se les puede pedir más esfuerzos. Un país arruinado ha proporcionado a la Hacienda 377.000 millones en 2011, unos 7.000 millones más que en 2009, una cifra que se espera incrementar hasta 385.000 millones en 2012, a pesar del paro de los ciudadanos y la ruina de tantas empresas. Pero los Gobiernos (Administración Central y Comunidades) son incapaces de reducir el gasto público por debajo de 470.000 millones, una cantidad inaceptable dada la situación en la que nos encontramos. Y la cosa puede empeorar, como todo en esta vida, porque en 2013 los intereses de la Deuda se acercarán a los 40.000 millones.

Se ha aprobado otro ajuste, el penúltimo, de 65.000 millones, que en su mayor parte recaerá sobre los ciudadanos en forma de más impuestos (38.000 millones), sobre todo de IVA, lo que tendrá consecuencias demoledoras sobre el consumo y el crecimiento. En medio de una recesión es muy difícil reducir el déficit, a menos que se esté decididamente resuelto a ello y se haga por la vía del gasto, cosa inimaginable en un gobierno de funcionarios.

Rajoy todavía está pensando en la manera de evitar una intervención que le dejaría en evidencia y le obligaría a practicar recortes de verdad, recortes que incluirían el despido de miles de funcionarios. Pero la clase política-administrativa se defiende como gato panza arriba ante cualquier pretensión de reducir su tamaño y esgrime coartadas cada vez más falsas (la defensa del estado de bienestar) para evitarlo cuando nadie lo ha socavado en mayor medida que los propios funcionarios con su homeopática productividad, su absentismo, su rigidez organizativa (¡todavía hablan de plazas en propiedad!), sus elevados costes salariales, sus horarios, sus trienios. Es la España de Cela, la del opositor, el estanco y las clases pasivas.

4. Se veía venir y aún así muchos se han sorprendido de que estemos al borde del rescate. Es una obviedad decir que si la economía española tuviese el tamaño de la de Portugal o Grecia hace tiempo que hubiéramos sido intervenidos. A la vuelta de vacaciones se verá cómo se desarrolla el guión de una intervención que el Gobierno, de manera totalmente irresponsable, ha venido rechazando, más bien retrasando, porque suponía el reconocimiento expreso de su falta de autonomía no sólo a la hora de definir su política económica sino de controlar sus resultados. El nivel de descrédito que ha alcanzado el Gobierno por su incapacidad para enfrentarse a una realidad financiera tan determinante como la Deuda y la prima de riesgo, empieza a ser pavoroso.

El escepticismo es tal que se está produciendo una masiva huida de capitales, 220.000 millones sólo en 2012 (junio), y la deuda española ya no encuentra compradores extranjeros, que piensan que es mejor un 1% en deuda alemana que un 7% en deuda española. Y es que a pesar de la sensación de estar aplicando todos los recortes habidos y por haber, el déficit de este año no bajará del 7%, con lo que volveremos a incumplir las promesas formuladas a Europa, que ya no cree nada de lo que dice este Gobierno. Así que, después de atisbar con pavor los próximos vencimientos (28.000 millones sólo en octubre), solo queda negociar las condiciones de un rescate en toda regla.

Otro tanto sucede con el sistema financiero. Después de que se ha conseguido un rescate de 60.000 millones de euros, nos enteramos que los créditos dudosos en ladrillo se elevan a 175.000 millones, que la morosidad empresarial ha escalado hasta los 30.000 millones, y eso es sólo el principio, y que los pisos sin vender siguen siendo unos 800.000.

El Gobierno se obstina siempre en revelar una parte del problema y aplica una terapia gradual que no convence a nadie. Esa manera de afrontar los problemas tiene una traducción práctica evidente: la reducción del déficit fiscal costará dos a tres años más de lo previsto, el crédito no se descongelará y los salarios no bajarán. Así no se sale de una crisis.

5. La otra cara de la cuestión es el colapso de las expectativas económicas. Llevamos ya un año en recesión, desde mediados del año pasado, y al menos seguiremos así otro año. La economía española caerá un 1,5% aproximadamente en 2012 y otro tanto en 2013, año en el que se verán en mayor medida los efectos de las políticas de ajuste. Eso son tres puntos que hay que sumar a los cuatro de 2009/10. Esas caídas bastarán para que el paro llegue a los seis millones y la deuda pública escale hasta casi el 90% del PIB en 2013, un escenario de auténtica pesadilla. No es de extrañar que nadie se fíe de España.

El Gobierno ha agotado todos los cartuchos que tenía a su disposición y ha demostrado que es incapaz de gestionar la crisis. En medio de la mayor pérdida de prestigio, un país que nunca tuvo demasiado, de su historia reciente. Habrá que preguntarse que es lo que se ha hecho mal desde la Transición, qué mensajes se han enviado a la sociedad y recibido de ella, para encontrarnos en esta situación. Seguramente encontraríamos en el fracaso de la escuela y la universidad algunas de las claves del problema.

Es una pena que la coyuntura y Europa no nos hayan obligado a aplicar una solución tipo Monti, es decir, un gobierno de técnicos que, con el apoyo más o menos unánime del Parlamento, aplique un programa de gobierno consensuado con el BCE y el FMI, ese programa que los gobiernos del PSOE y del PP han demostrado que son incapaces de ponerlo en práctica.

(Actualización 13.09.12) Probable efecto de la subida de sueldos: CAF despide a la mitad de sus empleados de la planta de Castejón.