Open data en España: el Gobierno infla el sector al mismo tiempo que le pone trabas

Aprovechando la celebración en Madrid de la Conferencia Internacional sobre Datos Abiertos, el secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Víctor Calvo Sotelo, aseguraba esta semana que el sector del open data ya genera en España 1.700 millones de euros y ha creado 13.000 empleos. A mi juicio, estos datos son radicalmente falsos y el principal responsable de que la realidad sea muy inferior son precisamente las instituciones públicas a las que de alguna manera representa Calvo Sotelo.

Creo que conozco un poco la situación. Trabajo en el sector de las TICs y he creado empresas que han intentado aprovechar el open data para hacer negocio. Al margen de mi mayor o menor capacidad de acierto a la hora de identificar oportunidades de ganar dinero, lo cierto es que solo conozco a dos personas que viven de datos abiertos en España y ambos son consultores de las administraciones públicas que quieren liberar su información.

No conozco personalmente a nadie que haya creado un negocio de verdad a partir del open data institucional. ¿Cómo es posible entonces que el secretario de Estado nos hable de 13.000 empleos? El problema es que el estudio del que proviene la cifra, elaborado por la asociación de empresas Asedie, no se corresponde con el open data.

Lo que analiza ese informe es «el sector infomediario», es decir, a las compañías que utilizan información pública y privada para elaborar productos de valor añadido. Y lo que no explicó Calvo Sotelo es que la mayor parte de esos datos no son abiertos sino cerrados, para beneficio precisamente de algunas de las empresas que forman parte de Asedie, como Axesor o Informa.

Dicho de otra manera: sí es cierto que en España hay negocio en la gestión de la información pública para generar productos de valor añadido, como aseguramiento de impagos o previsiones meteorológicas. Pero también es verdad que este sector sería mucho más grande si las administraciones liberaran realmente sus datos y especialmente aquellos que tienen mayor potencial comercial.

Y no solo lo digo yo. Una autoridad en la materia como Chris Taggart, coordinador de OpenCorporates, que está presionando a las administraciones de todo el mundo a liberar la información mercantil, critica esta semana al Gobierno de España por sus escasos avances en open data. En el índice de transparencia elaborado precisamente por OpenCorporates, España obtiene una puntuación de 0 sobre 100.

Esto es así porque el Registro Mercantil español exige registro previo y pago, a diferencia de otros muchos que ofrecen esta información libremente. A su juicio, esto repercute en una menor transparencia (y por tanto, mayor corrupción) y en que las empresas encuentren más dificultades para confiar en sus posibles proveedores y clientes y, por tanto, en una menor actividad comercial.

Por cierto, a muchos de los socios de Asedie les interesa que la información mercantil siga estando cerrada ya que solo ellos tienen la posibilidad de comprársela a los registros mercantiles. Se repite una vez más uno de los males de la economía española: parece estar diseñada para que unos pocos ganen mucho y la gran mayoría se quede al margen. En este caso, sin open data.