Así son los vínculos entre la trama Koldo y el PNV

Lo novedoso del caso Koldo respecto a otros de corrupción que han afectado a los dos grandes partidos españoles, PP y PSOE, es que toca al PNV. Y por tantos flancos, que reconstruir su participación empieza a ser complicado. Vamos a intentar aclarar este puzzle.

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En primer lugar, con una síntesis del caso Koldo. Su protagonista principal es Koldo García Izaguirre, que junto con otros socios, entre los que figuran dos ex secretarios de organización del PSOE, el navarro Santiago Cerdán y el ex ministro José Luis Abalos, se habrían lucrado con contratos públicos. La mayor parte de las licitaciones estaban inicialmente relacionadas con la compra de mascarillas durante la pandemia («Operación Delorme»), pero en los últimos meses han surgido también varias de obra pública.

¿Quién es Koldo García Izaguirre?
Hasta que se desata el caso que lleva su nombre, este barakaldés de 55 años había sido un anónimo asesor del Ministerio de Transportes en tiempos de Abalos. Como buen fontanero, hacía todo el trabajo sucio del ministro. Unos días llamaba al director de una sociedad pública para enchufar a una amante del ministro y otros se veía con el empresario Víctor de Aldama o con responsables de Acciona para negociar licitaciones y favores. Como compensación por sus servicios, Aldama asegura haberle entregado 200.000 euros en transferencias periódicas de 10.000 euros desde un banco de la República Dominicana, aunque no está claro si fue por hacer gestiones relacionadas con los contratos de mascarillas o para que el Gobierno no desmantelara el fraude de IVA con la compraventa de hidrocarburos. Pero antes de todo eso, como buen ex vigilante de seguridad se había encargado de labores más triviales, como custodiar decenas de miles de avales para la candidatura de Pedro Sánchez para dirigir el PSOE.

¿Y qué pinta una empresa de Getxo, Erromar, en el caso de las mascarillas?
Esta circunstancia todavía no ha sido aclarada, por lo que todo parece indicar que se trataba de testaferros para borrar rastros de quién estaba beneficiándose realmente con la compra de mascarillas por parte de diversas instituciones a través de la sociedad zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Erromar Soluciones Digitales, con sede en Getxo, aparecía como propietaria de la firma aragonesa, pese a que los accionistas reales eran otros. Su administrador, Iñigo Rotaetxe Lachiondo, que se negó en su momento a responder a Gananzia antes de borrar su perfil de Facebook, fue posteriormente imputado por la Audiencia Nacional. Y es que hay emails de Aldama dando instrucciones directamente a Rotaetxe.

¿Dónde aparece el PNV en este caso?
El PNV aparece vinculado de forma directa con el caso Koldo a través de Santos Cerdán, ex secretario general del PSOE, que ha llegado a mezclar el apoyo del partido jeltzale al gobierno de Pedro Sánchez tras una negociación con Antxon Alonso, el enviado del PSE para estas negociaciones. El PNV lo negó inmediatamente. También aparece vinculado indirectamente a través de varias personas ligadas a las finanzas del partido, como Iñaki Alzaga o José María Zalbidegoitia.

¿Quién es Antxon Alonso Egurrola?
Nacido en Elgoibar y residente en Elorrio, se trata de un empresario que aparece en diversas sociedades de la trama que habrían recibido unas veces contratos públicas de forma presuntamente irregular y otras ingresos no justificados. En concreto, en Servinabar 2000, en Noran y en Alegure. EH Bildu ha reconocido reuniones con Alonso, que el PNV niega. Además, Alonso trabajó para Forestalia, una firma que quería construir una línea de alta tensión entre Aragón y Euskadi.

¿Qué pinta Servinabar 2000?
En unión con Acciona, esta sociedad con sede en Pamplona obtuvo licitaciones por un importe superior a 100 millones de euros. Además, la firma guipuzcoana Sapa le transfirió 145.200 euros mientras se negociaba en Madrid su posible entrada en el capital de Indra y un préstamo de 48,7 millones de la Sepi, y otros 180.000 euros de Cycasa, una constructora cuyo propietario, José Manuel Rodríguez Emaldi, está muy ligado al PNV.

Tanto que en su empresa anterior, Tecsa, es donde se estrenó como jurista el actual presidente del EBB, Aitor Esteban. Rodríguez Emaldi es también uno de los principales accionistas de Talde (tenía aproximadamente un 4% antes de que a principios de este año Kutxabank se hiciera con la mayoría del capital), sociedad de gestión de capital riesgo de la que hablaremos más tarde.

El hijo de Alonso trabaja en una UTE liderada por Cycasa. La transferencia de esta empresa a Servinabar 2000 coincide en el tiempo con la adjudicación de una cárcel en Donostia a una UTE conformada por Cycasa, Acciona y Murias por un importe de 42,7 millones.

También se ha mencionado un pago de 33.000 euros a Servinabar 2000 por parte de Bidelan, gestora de autopistas en Gipuzkoa controlada por el grupo Viuda de Sainz, también cercano al PNV.

¿Y Noran?
Esta cooperativa de Koldo García y Antxon Alonso recibió 732.000 euros de Servinabar entre 2016 y 2024. También contrató a familiares de Santos Cerdán.

¿Y Alegure?
Esta es la pata que más toca al PNV en cuanto esta sociedad está participada en un 4% a través de Uribene por Iñaki Alzaga Etxeita, un economista poco conocido pero que siempre ha estado detrás de los negocios del partido. Aunque el PNV ha llegado a negar que sea militante, lo cierto es que sus relaciones son tan fuertes que podría parecer que es él quien dirige todas las finanzas del partido.

Actualmente alto directivo de Talde (siempre es el número 1 ó 2 de todas las empresas en las que figura), Grupo Noticias (Onda Vasca, Deia, Noticias de Gipuzkoa) y Nortegas, Alzaga empezó en Price Waterhouse (hoy PwC) y, tras dirigir una de las principales productoras de EITB, entró en Euskaltel. Ahí participaba en todas las negociaciones que tenían a políticos del PNV al otro lado y de ahí salió muy beneficiado personalmente al ser uno de los 40 directivos que se repartieron 26,8 millones tras la venta del operador. Alzaga ha compartido empresas de seguridad con Guillermo Ibarrondo, que se autodeclaraba como «el abogado del PNV», y con Gabriel Goiri, el abogado que trasladaba el dinero con el que el partido pagó el control del periódico La Gaceta del Norte.

Alegure se creó justo antes de que el Gobierno de Navarra que entonces encabezaba Geroa Bai, la franquicia del PNV en Navarra, adjudicara la construcción de un colegio público por 3,1 millones de euros a una UTE conformada por Acciona y Alegure, que se embolsó más de 600.000 euros. Todo indica que esta empresa se creó solo para este contrato, lo que indicaría que su beneficio (esos 600.000 euros) eran una mordida que pagaba Acciona. Que Alzaga tuviera un 4% vendría a indicar que ese era el cupo del PNV en esta operación, porcentaje que curiosamente coincide con lo que cada cargo político debe donar de su sueldo al partido y con las comisiones que cobraban los miembros de la trama De Miguel por cada adjudicación pública que tramitaban.

¿Qué pinta Talde?
La gestora de capital riesgo comandada por José María Zalbidegoitia, el que fuera tesorero del PNV, y el propio Iñaki Alzaga transfirió 12.100 euros a Noran entre 2017 y 2018. Talde asegura que se corresponde con la participación de Antxon Alonso en la atracción de un inversor de Elgoibar.

¿Y cómo se benefician los protagonistas de este entramado?
Esta es la parte que debe investigar la Guardia Civil a partir de los datos que se han filtrado, que en principio no son indicativos de ningún delito. Si recibían dinero por la intermediación de sus propietarios en contratos públicos y otras operaciones todavía no ha sido aclarado por ningún medio, aunque los indicios apuntan en esa línea.

Una vez en las cuentas de sus sociedades, el dinero fluiría hacia los propietarios vía dividendos o favores varios, como la contratación de familiares con sueldos elevados. Así, la hermana y un cuñado de Santos Cerdán estuvieron en nómina de Servinabar 2000.

Otra forma de pago son favores a proyectos de interés para el partido, que en el caso del PNV suelen estar relacionados con los medios de comunicacion de su órbita. De ahí que resulte sumamente sospechoso que Acciona y Servinabar 2000 patrocinaran un evento de Deia que organizó la agencia de relaciones públicas del marido de Uxue Barkos, la ex presidenta de Navarra por parte de Geroa Bai.

¿Hay alguna relación entre el fraude de hidrocarburos y el caso Koldo?
No parece haber gran cosa. Más bien hablaríamos de un caso distinto en el que aparentemente no ha habido favores a partidos vascos. Con una excepción. En el caso de Hafesa, que tiene sede fiscal en Bizkaia, es público que este grupo patrocinó, a través de su filial DBA Port Bilbao, al equipo ciclista Euskaltel-Euskadi a finales de 2019. Curiosamente, en la presentación coincidieron el ex presidente del PNV Andoni Ortuzar y el dueño de Hafesa, el getxotarra Alejandro Hamlyn. La foto del evento ha sido borrada de Internet.

Tanto la creación de DBA Port Bilbao en Bizkaia como los polémicos aplazamientos de pagos a la Hacienda foral podrían no ser casuales. De hecho, en ambos asuntos intervino Enrique «Curro» Guzmán, sobrino del abuelo de Hamlyn y empresario muy bien relacionado con el PNV y especialmente con Andoni Ortuzar. En cualquiera de los casos, quien se beneficia directamente de que una compañía se instale en Bizkaia es su hacienda foral y no el partido.

Una mudanza similar, con creación de un depósito fiscal de hidrocarburos en el Superpuerto de Bilbao, estuvo a punto de ocurrir con Villafuel, el grupo de empresas que lideraba Aldama y que también está siendo investigado por defraudación de IVA. Aunque en este caso el intermediario no fue un empresario sino un responsable institucional, Koldo Atxutegi, conocido en Bizkaia como «fontanero txiki». Su labor consistió en organizar una reunión entre Aldama y el Gobierno Vasco.

Es muy probable que por encima de Hafesa y Villafuel haya empresas conjuntas en República Dominicana. Se han mencionado varios nombres: Gunvor y Gaslow. Además, Hamlyn y Aldama comparten abogado. Estas relaciones no se quedan ahí. El auditor José Luis Elorriaga administró una de las sociedades que vendió mascarillas a la trama Koldo, además de ser socio de Melchor Gil, el cuñado de Patxi López que controló el PSOE vasco. Se da la circunstancia de que Elorriaga ha sido también auditor de una firma de gasolineras, Low Cost Euskadi. Y en el consejo de administración de Developing Business Trading, otra sociedad creada por Elorriaga en 2020 para vender productos sanitarios, figuran varios fiscalistas que han sido al mismo tiempo asesores de Hafesa.

¿De qué manera están estos casos relacionados con la financiación de partidos políticos? Todavía hay muchos extremos que aclarar, aunque dadas las evidencias y la constante necesidad que los partidos políticos españoles han tenido de dinero «B», es lógico pensar que lo que hay detrás es una trama de ese tipo. Hay que recordar que los dolores de cabeza de todas las fuerzas políticas ya empezaron con la propia democracia, cuando todavía ni siquiera recibían fondos públicos.

Generalmente recurrían a los bancos y cajas de ahorros, que otorgaban créditos según su buen criterio. Es conocido, por ejemplo, que las antiguas cajas vascas tenían préstamos sin cobrar hechos a varios partidos. En 2006 BBK condonó un préstamo de 20 millones hecho al PSE-EE en los años ochenta. Ezker Batua llegó a negociar con el PNV un aval de 600.000 euros, entre otras cosas, a cambio de apoyar a su candidato a la Diputación de Alava.

El PP tuvo apoyos más altos, directamente gestionados por la CEOE a través de empresas tapadera como Sipsa y Opisa que facturaban a los donantes por supuestos informes. Había casos, especialmente con constructoras, en que quien hacía la entrega del dinero ni tan siquiera pedía factura y todo iba en B, como salió a la luz a raíz del caso Bárcenas. En Cataluña se hizo conocido el 3% que cobraba CiU por ciertas adjudicaciones públicas. Ya hemos hablado del 4% vasco destapado en el caso De Miguel.

En Euskadi lo más llamativo es lo que confirma el ex presidente del PNV Xabier Arzalluz en sus memorias: no cobraba mordidas como tales sino que explicaba a las empresas que más contratos públicos se llevaban que el partido tenía importantes necesidades económicas. Quedaba por tanto a la voluntad de la compañía en cuestión, generalmente constructoras, hacer finalmente una donación. Es evidente que, por el poder el PNV en Euskadi y la presencia en casi todas las empresas de ese sector de directivos jeltzales, finalmente se producían (y probablemente se producen) entregas de dinero.

Unas veces pueden ser donaciones y otros pagos de ciertas «necesidades». En lo que al primer capítulo respecta, el PNV fue durante muchos años el partido que más recibía proporcionalmente, aunque desde 2007 ya no pueden ser anónimas. En el PP pasaba algo parecido. Luis Bárcenas describió con pelos y señales cómo él y Alvaro Lapuerta, ex gerente y ex tesorero del partido, recibían personalmente a empresarios que traían varios billetes de 500 euros y no les entregaban ni un recibí. «Tan solo la promesa de que sería bien tratado», narró el periodista Casimiro García-Abadillo.

Pero lo más curioso es cómo funcionan los pagos de necesidades, probablemente los que más se han sofisticado desde que en 2007 se prohibieran las donaciones anónimas. Aquí encajan desde los autobuses que llevan a los afiliados a un alderdi eguna hasta los escenarios de los mítines (seguro que no es casualidad que lo haga la empresa Montai) o los fichajes de políticos en empresas privadas, eso que se ha venido a llamar puertas giratorias.

Basta recordar, en este sentido, cómo el ex presidente de Kutxabank Mario Fernández, antes de ser condenado por apropiación indebida, reconoció haber contratado al exdelegado del Gobierno en el País Vasco Mikel Cabieces siguiendo una costumbre no escrita de dar trabajo a ex políticos. Iberdrola también lo había hecho, pero al ser una compañía privada no había delito. La eléctrica tiene en su consejo de administración, con una remuneración anual superior al medio millón de euros, al ex ministro Angel Acebes y a Xabier Sagredo, primo lejano del ex presidente del PNV Andoni Ortuzar.

Otra forma de pagar necesidades de los partidos es a través de medios de comunicación de su filiación política, sea comprando publicidad o acciones. Sin ir más lejos, Deia y sus periódicos han contado históricamente con grandes empresarios en su consejo de administración, como Joseba Grajales, Juan Celaya, Lorenzo Mendieta, José María Alaña, Javier Uria, José Ramón Arriaran, Andoni Etxeberria o el propio Iñaki Alzaga. ¿Lo hacían y lo hacen por sus posibilidades de negocio o por pagar favores? En este sentido, hay que recordar que durante la instrucción del caso Gurtel también se supo que el PP había entrado en el capital del medio Libertad Digital con dinero recibido de donaciones de empresarios.