Las novedades de la nueva ley de contratación pública

El 9 de marzo entra en vigor la nueva ley de contratación pública, que recoge los dictados de una directiva europea que trata de introducir mayor transparencia e igualdad en las licitaciones de las administraciones. Afecta tanto a las propias instituciones como a sus sociedades. Tras estudiarla detenidamente, he de reconocer que los cambios son sustanciales y que, si no se hacen demasiadas trampas, puede revolucionar este ámbito para evitar las corruptelas.

Veamos los cambios más significativos:
– Desaparecen los contratos negociados sin publicidad, auténtico coladero para hacer encargos a dedo de hasta 60.000 euros invitando a otros dos amiguetes que normalmente, de común acuerdo, hacen una oferta peor. A partir de marzo, todos los contratos tendrán que ser públicos y se podrá presentar cualquiera.

– Los contratos menores reducen su cuantía máxima a 15.000 euros y un mismo operador no podrá sumar a través de varias adjudicaciones, aunque sean de distinto objeto, una cantidad superior.

– La modalidad estrella de contratación será seguramente el procedimiento abierto simplificado que tendrá un máximo de 100.000 euros para servicios y se podrá tramitar en 15 días.

– Cuando un determinado contrato requiera ciertas cualidades por parte de los licitantes, la administración pública podrá restringir el número de empresas que participan en el concurso pero tendrá que invitar a todas las que estén cualificadas e interesadas.