Las contradicciones de las izquierdas ante la crisis de Tubos Reunidos

La crisis que atraviesa Tubos Reunidos resalta profundas contradicciones en el posicionamiento de los partidos de izquierdas respecto a la transición energética y la soberanía industrial. A continuación, analizamos dos aspectos centrales que ilustran estas tensiones:

La dependencia del oil&gas: ¿apoyar lo que se quiere eliminar?
Tubos Reunidos ha construido gran parte de su negocio sobre el sector de los hidrocarburos. Según datos recientes, entre el 50% y el 60% de sus ventas se destinan a productos para la industria del oil&gas, como tubos OCTG utilizados en perforaciones y transporte de petróleo y gas. Este mercado ha sido históricamente dominante, con Estados Unidos representando alrededor del 46% de los ingresos en 2023 y el 41% en 2024.

Sin embargo, para los partidos de izquierdas —desde PSE-EE hasta EH Bildu y Podemos—, las industrias de hidrocarburos equivalen casi a un tabú ético, comparables en negatividad a la producción de armas. Estas formaciones han defendido durante décadas la descarbonización, la electrificación y una transición energética acelerada hacia renovables, alineándose con agendas globales como el Acuerdo de París y el Green Deal europeo.

Llevamos más de 20 años hablando de estos conceptos: desde la Cumbre de la Tierra en 2002 hasta las metas de neutralidad climática para 2050. Aun así, casos como el de Tubos Reunidos generan sorpresa y debates internos. La pregunta es inevitable: ¿debemos apoyar con fondos públicos o medidas laborales a una empresa cuya producción principal contribuye a un modelo energético que se busca suprimir?

La compañía ha recibido rescates significativos, como los 113 millones de euros de la SEPI en 2021, supuestamente justificados por su rol estratégico en la industria vasca. Pero esta dependencia del oil&gas choca frontalmente con las políticas de izquierdas que promueven la eliminación progresiva de los combustibles fósiles.

Apoyar a Tubos Reunidos implica, en cierta medida, subsidiar indirectamente un sector que acelera el cambio climático, lo que genera una contradicción ideológica. ¿Se prioriza el empleo local a corto plazo o la coherencia ambiental a largo? Esta tensión se agrava en un contexto donde la empresa intenta diversificarse hacia productos «bajos en emisiones» como la gama O-Next, pero aún depende mayoritariamente de los hidrocarburos.

Los costes energéticos y la renuncia al gas local: importación vs. extracción
El segundo punto de fricción radica en los elevados costes energéticos que sufre Tubos Reunidos, derivados de su dependencia del gas natural en las acerías. La producción de acero sin soldadura requiere hornos de alta temperatura alimentados por gas, y los precios volátiles de este recurso —agravados por la guerra en Ucrania y la inestabilidad global— han erosionado la competitividad de la empresa. En 2025, estos factores contribuyeron a un EBITDA negativo de 22,8 millones de euros, exacerbando la crisis.

Aquí surge la contradicción más palpable en el ámbito local: en Euskadi, particularmente en Álava, los partidos de izquierdas han bloqueado históricamente la extracción de gas natural disponible en el subsuelo, priorizando preocupaciones ambientales y oposición al fracking. Estudios de principios de la década de 2010 estimaron reservas de alrededor de 184,5 billones de metros cúbicos (bcm) en yacimientos como Gran Enara, una cantidad equivalente al consumo de gas de Euskadi durante 60 años o de toda España durante cinco.

Proyectos como los pozos exploratorios en Vitoria-Gasteiz, impulsados inicialmente por el Gobierno Vasco bajo Patxi López, fueron abandonados ante la resistencia de formaciones izquierdistas y ecologistas, que argumentaban riesgos para el agua subterránea y el medio ambiente. Incluso el PSE se posicionó a favor de la prohibición y el PNV vaciló inicialmente y finalmente suscribió la tesis restrictiva.

Como resultado, Euskadi importa todo su gas natural, principalmente de Argelia, Noruega o EE.UU., lo que encarece los suministros debido a costes de transporte, aranceles y fluctuaciones geopolíticas. Esta dependencia externa eleva los precios para industrias como Tubos Reunidos, reduciendo su margen competitivo frente a rivales en regiones con acceso local a hidrocarburos.

Si se hubiera explotado el gas alavés —cumpliendo estándares ambientales estrictos—, podría haberse mitigado esta vulnerabilidad, generando además ingresos fiscales estimados en 30.000 millones de euros. La izquierda, al oponerse, defiende la transición verde, pero indirectamente contribuye a la desindustrialización al no ofrecer alternativas viables para empresas energívoras. ¿Es coherente rechazar la extracción local mientras se lamenta la pérdida de empleos por altos costes importados?

Conclusión: hacia una transición coherente
La crisis de Tubos Reunidos no es solo un problema empresarial, sino un espejo de las contradicciones en las políticas de las izquierdas vascas. Por un lado, se defiende la transición energética, pero se apoya —o al menos no se cuestiona con vehemencia— a industrias ligadas a los fósiles. Por otro, se rechaza la explotación de recursos locales por motivos ambientales, perpetuando dependencias externas que minan la competitividad industrial.

En un momento en que Euskadi busca reindustrializarse con un enfoque verde, resolver estas tensiones requerirá un debate honesto: equilibrar el empleo, la soberanía energética y la sostenibilidad. De lo contrario, casos como este se multiplicarán, poniendo en riesgo el tejido productivo vasco.