La operación Talgo descarrila

El equipo de José Antonio Jainaga ya no quiere comprar Talgo, salvo que entre suficiente dinero público como para amortiguar los enormes riesgos que implica hacerse con una compañía que acumula deudas, retrasos con clientes y conflictos sindicales. Por si fuera poco, la cotización de la empresa ha caído de los aproximadamente 5 euros pactados cuando se firmó la operación a apenas 3 euros, lo que pone en cuestión incluso el precio.

Jainaga estaba convencido de las virtudes de esta compra cuando aprobó su entrada en el capital, acompañado de las cajas de ahorros y Finkatuz y con el respaldo financiero del Gobierno Vasco. No es casualidad que Lakua le haya enchufado en otras participadas 35 millones de euros, cifra que más o menos «coincide» con lo que el propietario de Sidenor tendrá que aportar en la operación Talgo.

Aunque su riesgo se diluya ligeramente con este apoyo público, Jainaga no es muy amigo de aventuras. No le ha disgustado la notoriedad obtenida, que aumentaría si consigue sacar adelante la compañía, algo que ahora mismo no está garantizado. Si no amarra bien el tema financiero, se elevan sustancialmente las probabilidades de que Talgo tenga que cerrar ahogada por las deudas y las multas impuestas por retrasos en la entrega de los pedidos. La de Renfe y las que pueden venir en el futuro.

De ahí que Jainaga esté apretando a más no poder. A BBK y Vital, que no dejan de ser sendas fundaciones sin ánimo de lucro (salvo el de sus presidentes), seguramente les importa poco perder 100 millones de euros si la orden viene de Sabin Etxea. Pero el propietario de Sidenor no tiene obligaciones políticas y, probablemente por edad, parece haber descartado presentarse a la presidencia del Athletic Club.

De ahí que esté esperando una intervención del Gobierno central, el mismo que planteó la «operación vasca» cuando decidió descartar a la compañía húngara Magyar Vagon. No sería tanto vía capital como a través de un préstamo a muy largo plazo, para diluir el riesgo de los primeros años y tener dinero con el que poder ampliar fábricas, subcontratar a diestro y siniestro, renegociar deudas (¡400 millones!), pagar la multa de Renfe (¡116 millones!) y transmitir calma a una plantilla que todavía anda pidiendo el bonus de 2024.

¿Y por qué está tardando tanto la Sepi en aprobar un crédito de este tipo? Aparentemente, porque necesita aprobación de Bruselas para evitar que se considere ayuda de estado. Y esas cosas van lentas. Mientras tanto, causa estupor recordar que el Gobierno Vasco daba por hecho que la entrada en Talgo se cerraría «en tres semanas». La labor del consejero Mikel Jauregi suena una vez más a chapuza y a hambre de foto.