Ibermática-Ayesa: se consuma la compra sobrevalorada

La operación de 480 millones para adquirir Ayesa Digital, celebrada por el Gobierno Vasco como un hito estratégico, deja sin aclarar cuestiones relevantes: el reducido peso financiero de Teknei, el rechazo de actores como Kutxa, Vital (por ahora) y la familia Manzanares, y el impacto que tendrá la entrada del Ejecutivo como accionista en un proveedor tecnológico clave de la propia Administración.

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Analicemos diferentes aspectos:

Precio elevado y oportunidades perdidas. El Gobierno Vasco ha defendido la compra de Ayesa Digital como una operación estratégica, pero el elevado precio pagado —un 40% por encima de referencias de mercado, lo que el ex presidente de BBK llegó a denominar «prima de arraigo»— y la participación minoritaria de Teknei han reactivado un debate incómodo: si esos 480 millones de euros, en buena parte de origen público, no habrían tenido un mayor impacto apoyando a startups vascas que hoy carecen de financiación para crecer y retener su actividad en Euskadi.

Mientras la Administración entra en el capital de un gran proveedor de servicios informáticos, sé de startups vascas con producto tecnológico propio que lamentan no poder disponer de financiación local para desarrollar proyectos estratégicos. Me consta que algunas están estudiando trasladarse a otras comunidades que cuentan con ecosistemas de emprendimiento más robustos. Hay otras que perecen cada semana por la falta de financiación.

Narrativa oficial vs. realidad económica de la operación. La nota de prensa institucional del Gobierno Vasco presenta la adquisición de Ayesa Digital como una operación estratégica para “recuperar” el centro de decisión de Ibermática en Euskadi y posicionar un líder tecnológico al servicio de la industria vasca. El comunicado subraya que la alianza entre fondos, entidades financieras y la administración pública ha logrado repatriar un activo relevante y preservar empleo cualificado.

El comunicado no explica con transparencia el papel real de Teknei en la operación. Según informaciones de medios, Teknei aporta solamente 10 millones de euros de los 480 millones del precio total de compra, lo que equivale apenas al 2% del coste, mientras que la mayor parte la asumen BBK, Indar/Kutxabank y el propio Gobierno Vasco vía Finkatuz.

El hecho de que se publique oficialmente a Teknei como socio “industrial” sin aclarar su aportación proporcional genera dudas sobre si su inclusión responde a criterios estratégicos tecnológicos o a intereses particulares, más que a una aportación financiera significativa. Este tratamiento asimétrico de la participación accionarial oculta información relevante para el público, especialmente si se tiene en cuenta que uno de los objetivos declarados es fortalecer el ecosistema tecnológico vasco.

El consejero de Industria ha reconocido que Teknei era el socio desde el principio y que ha participado en todas las negociaciones, lo que viene a significar que era un «tapado». ¿Por qué se quiso ocultar al principio esta circunstancia? Probablemente, porque el Gobierno Vasco esperaba que se sumaran más socios («la cuadrilla») que maquillaran en cierta medida la significación política que tiene una compañía cuyo socio mayoritario es una personalidad relevante del PNV y en cuya plantilla figuran varios familiares de altos cargos.

Tensiones entre inversores: Manzanares, Kutxa y Vital. La nota institucional evita resaltar las discrepancias entre varios agentes que el Gobierno Vasco ha intentado vincular con la operación. Kutxabank sí entra, pero lo hace fundamentalmente porque Ibermática es su principal proveedor tecnológico. La familia Manzanares, dueña de un 30% de Ayesa, había estado negociando con fondos internacionales y otras partes interesadas durante meses, lo que generó dudas sobre el equilibrio de poder y el valor futuro de la empresa.

Kutxa Fundazioa decidió no entrar finalmente en el consorcio, argumentando “riesgos elevados” para sus inversiones, lo cual fue interpretado en algunos medios como un rechazo explícito al impacto financiero de la operación y no un simple desacuerdo técnico. Fundación Vital, por su parte, se encuentra todavía evaluando si participará, lo que introduce un elemento de incertidumbre adicional en el accionariado final.

Hay varios fondos privados a los que se ha «tocado» y que han rechazado de plano implicarse en esta compra, fundamentalmente por el precio. La nota de prensa institucional tiende a minimizar estas tensiones, limitándose a hablar de la operación como un éxito compartido, sin reconocer que no todos los actores relevantes están alineados o convencidos.

Efectos sobre el sector tecnológico vasco. Uno de tus puntos más relevantes es la preocupación por cómo percibe el ecosistema tecnológico vasco la inclusión de Teknei y la posición dominante del consorcio en futuros concursos públicos. Varios profesionales y empresas tecnológicas vascas han expresado (en privado y en análisis sectoriales) que la estructura de esta operación —con participación directa del Gobierno en un actor tecnológico dominante— podría distorsionar la competencia en licitaciones públicas.

Hasta ahora, ningún medio ha registrado declaraciones oficiales del sector denunciando esto, pero la inquietud existe. Cuando un Gobierno es accionista directo de un proveedor tecnológico, las reglas de contratación pública deben ser extraordinariamente claras y estrictas para garantizar transparencia y no discriminación. La comunicación oficial no aborda este punto de forma explícita, lo que deja un vacío en el análisis de gobernanza corporativa y de mercado.

La participación pública en un proveedor tecnológico presenta un riesgo de autoempleo como cliente, donde el Gobierno y sus entidades podrían, conscientemente o no, favorecer al socio en concursos, amplificando preocupaciones de equidad en el sector y reduciendo la confianza de otros proveedores. Esto es especialmente sensible en un mercado donde las empresas privadas ya se sienten desalentadas por posibles favoritismos sectoriales.