El Gobierno central anula ayudas a Habidite de 5 millones

El BOE acaba de publicar una orden del Ministerio de Hacienda del pasado mes de diciembre que anula ayudas de 5,1 millones de euros a Habidite Technologies Zaragoza. Según decreta el Gobierno, la firma dedicada a la fabricación de viviendas en módulos ha incumplido las condiciones con las que se le concedieron una serie de «incentivos regionales» por haber invertido en la «Zona de Promoción Económica de Aragón».
(Nota: un lector nos ha indicado que aparentemente Habidite no había recibido el dinero de esta ayuda, por lo que no procede la devolución)

En concreto, la firma de Jabyer Fernández ha sido incapaz de acreditar que dispone de las autorizaciones y licencias necesarias para iniciar su actividad. Como es sabido, Habidite Technologies inició su actividad en Ortuella, donde supuestamente desarrolló una tecnología que permite construir viviendas a base de módulos que se fabrican de manera independiente y después se montan in situ.

Al perder el apoyo de la Diputación de Bizkaia y posteriormente también el del Gobierno Vasco, que le había prometido ayudas multimillonarias, Jabyer Fernández decidió mudarse a Magallón (Zaragoza). De hecho, en Habidite Tecnologies Zaragoza figuraba como consejero el propio Fernando García Macua, ex presidente del Athletic de Bilbao gracias al apoyo del empresario santurzano.

Sin embargo, desde 2009, el presidente de la sociedad aragonesa es Jabyer Fernández, mientras su hermano Antonio figura como consejero delegado. Loli López Montenegro, hermana de una funcionaria del Ayuntamiento de Castro-Urdiales, sustituyó a Macua como secretario de la compañía, al igual que hizo en todas las sociedades vinculadas: Habidite Technologies País Vasco, Habidite Technologies Alonsotegi, Habidite Technologies Aragón, Habidite Technologies Ibérica, Habidite Technologies Worldwide, Promociones Santurtzi 2000, Landscape y la matriz Habidite Technologies, SA.

En el año 2000 Habidite confirmó que había recibido financiación para poner en funcionamiento la fábrica de viviendas modulares en Aragón. Las primeras casas serían entregadas en verano de 2011 y, de hecho, El Correo publicó, hace ahora un año, un reportaje sobre estos edificios. ¿Qué ha pasado entonces? Todo indica que las viviendas no se venden y que la fábrica se ha cerrado o no tiene las dimensiones inicialmente prometidas.

Hay que recordar que Jabyer Fernández prometió crear 500 puestos de trabajo (en la práctica, no han debido ser ni siquiera el 10%) y que en 2010 ya hablaba de los 5,1 millones de euros que iba a recibir del Ministerio de Economía, además de un préstamo de Ibercaja. Los terrenos se los cedieron gratis e incluso el Gobierno de Aragón le otorgó dos licencias para construir sendos parques eólicos.

En Bizkaia sucedió algo parecido, aunque nunca llegó a haber fábrica. Ni en Alonsotegi, donde estaba proyectada la primera, ni en Bergara, donde se llegó a especular que se instalaría una segunda planta. La Diputación foral, que inicialmente había suscrito, directa o indirectamente a través de Bizkailur, tres convenios para subvencionar la producción, formar a los obreros e incluso comprar la mayor parte de las viviendas, se echó finalmente para atrás. La inversión iba a alcanzar los 55 millones de euros y se crearían 1.100 puestos de trabajo.

Posteriormente, la Comisión Europea declaró que los convenios eran ayudas de estado que dañaban a la competencia y por tanto eran ilegales. Curiosamente, asimiló este caso y el del ferry de P&O, que también recibió una ayuda de la Diputación en forma de compra masiva de billetes.

La Comisión ponía también de manifiesto una serie de indicios de la existencia de una ventaja a favor de Habidite a la luz de la sentencia del Tribunal en el asunto P&O Ferries: a) el Convenio sobre viviendas no se había celebrado mediante licitación pública; b) la Diputación Foral de Bizkaia y Bizkailur no habían alegado ni demostrado la necesidad de ofrecer vivienda social; y c) el Convenio sobre viviendas contemplaba la posibilidad de que una parte de las 1 500 viviendas adquiridas a Habidite se vendieran en el mercado.

Según la jurisprudencia P&O Ferries, el mero hecho de que una autoridad pública adquiera bienes en las condiciones habituales de mercado no basta para que esta operación constituya una transacción en condiciones de mercado, si resulta que el Estado no tenía necesidad real de tales bienes, especialmente si fueron contratados sin una licitación pública. En el caso que nos ocupa, la falta de información sobre la necesidad real de que Bizkailur vendiera las 1 500 viviendas contratadas en régimen semiprotegido durante el periodo 2009-2011, junto con la ausencia de una licitación pública, constituyen indicios de que la operación no se celebró en condiciones de mercado.