Arraigo, sí, pero no así

La globalización ha transformado radicalmente la forma en la que las empresas producen, se financian y compiten. Muchas compañías industriales vascas forman hoy parte de complejos grupos empresariales internacionales que les proporcionan acceso a mercados, financiación y capacidades de gestión avanzadas. Pero esa misma integración tiene un reverso incómodo: las decisiones estratégicas se toman cada vez más lejos de Euskadi y responden a lógicas de eficiencia global que poco tienen que ver con el impacto local.

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En este contexto, la apuesta por el arraigo empresarial es no solo legítima, sino necesaria. Fortalecer los vínculos entre empresa y territorio significa aspirar a un círculo virtuoso: empresas más competitivas que generan empleo de calidad, invierten en innovación y contribuyen a la cohesión social; y un país que ofrece talento, infraestructuras, estabilidad institucional y un ecosistema industrial sólido que retroalimenta ese crecimiento.

El arraigo tiene ventajas claras y concretas. En primer lugar, reduce la vulnerabilidad ante deslocalizaciones abruptas motivadas por decisiones corporativas ajenas al entorno productivo local. En segundo lugar, favorece la consolidación de cadenas de valor estratégicas, reforzando el tejido industrial y su capacidad de tracción sobre pymes y proveedores. En tercer lugar, promueve inversiones de largo plazo en I+D, formación y capital humano, difíciles de sostener cuando el horizonte de decisión es estrictamente financiero y cortoplacista. Y, por último, contribuye a la estabilidad del empleo y a una mejor planificación territorial.

No es extraño, por tanto, que el Gobierno Vasco haya impulsado instrumentos como el fondo Finkatuz, gestionado por el Instituto Vasco de Finanzas, con el objetivo de participar en el capital de empresas tractoras y reforzar su compromiso con Euskadi. La idea de una colaboración público-privada con visión de largo plazo resulta, en principio, atractiva y alineada con las políticas que están desplegando otras regiones y países para proteger sectores estratégicos.

Ahora bien, que el objetivo sea loable no significa que cualquier medio sea aceptable. La primera cuestión de fondo es la justificación de la intervención pública. En una economía de mercado, el sector público debe actuar cuando existe un fallo de mercado o un interés estratégico claro que no esté siendo adecuadamente cubierto por la iniciativa privada.

El arraigo puede ser uno de esos casos. Pero entonces la pregunta es inevitable: ¿qué valor adicional real aporta la inversión pública? Es decir, ¿qué habría ocurrido sin esa participación? Demostrar ese contrafactual es extremadamente complejo, y sin una evaluación rigurosa el riesgo es confundir acompañamiento con sustitución innecesaria del capital privado.

Existen, además, ejemplos de empresas con centros de decisión fuera de Euskadi que mantienen un fuerte compromiso industrial y laboral con el territorio sin necesidad de participación pública directa. Véanse los casos de Michelin, Mercedes, Pepsico, Bridgestone o Coca-Cola. Pensar que la presencia en el accionariado es la única garantía de arraigo sería una simplificación peligrosa.

La segunda cuestión —y probablemente la más delicada— es la selección de las empresas apoyadas. Cuando se utilizan recursos públicos, los criterios deben ser transparentes, objetivos y sólidamente fundamentados. De lo contrario, se abre la puerta a agravios comparativos, distorsiones en la competencia o, en el peor de los casos, dinámicas de clientelismo. No basta con que los criterios existan; deben estar claramente definidos, publicados y sometidos a evaluación independiente.

¿Qué tipo de empresas deben priorizarse? En mi opinión, aquellas con potencial real de crecimiento, con proyectos sólidos de innovación y con capacidad de generar empleo cualificado y sostenible. No necesariamente las más grandes ni las pertenecientes a sectores maduros con problemas estructurales. Tampoco parece razonable que el capital público actúe como vía de salida privilegiada para determinados fondos de inversión, especialmente cuando su modelo de apalancamiento incrementa el riesgo financiero de las compañías participadas.

El caso de Ayesa Digital merece, en este sentido, una reflexión específica. La operación, valorada en torno a 480 millones de euros y liderada por un consorcio en el que participan Kutxabank y el Gobierno Vasco a través de Finkatuz, se produce en un momento de profunda incertidumbre para el sector de la consultoría tecnológica y el desarrollo de software. La irrupción de la inteligencia artificial generativa está alterando las bases del negocio: automatización de procesos, presión sobre márgenes y cuestionamiento del valor añadido tradicional de muchas compañías del sector.

Algunos analistas sostienen que, en este nuevo contexto, las valoraciones de determinadas empresas de consultoría podrían ajustarse de manera muy significativa, hasta el punto de que la distancia entre el precio pagado y el valor real futuro podría ser considerable. Cuando se utilizan recursos públicos, pagar un precio elevado en un sector sometido a una disrupción tecnológica tan intensa exige una justificación extraordinariamente sólida y transparente.

A ello se añade otro elemento especialmente sensible: el liderazgo industrial de la operación recae en Teknei, una empresa tradicionalmente vinculada en el imaginario público al Partido Nacionalista Vasco, formación que gobierna en Euskadi. Aunque las relaciones empresariales y políticas no impliquen por sí mismas irregularidad alguna, la percepción de proximidad política en una operación de esta magnitud obliga a extremar la transparencia y la independencia en la toma de decisiones. Cuando el dinero es público, no basta con que las decisiones sean correctas: deben parecerlo.

Aquí surge otro reto crucial: la profesionalización y la independencia en la gestión. Un fondo de participación pública no puede operar bajo lógicas coyunturales o presiones políticas. Debe contar con equipos técnicos cualificados, gobernanza clara y mecanismos que lo aíslen, en la medida de lo posible, de tensiones partidistas.

Esto resulta especialmente relevante cuando las empresas participadas atraviesan dificultades y deben tomar decisiones impopulares —ajustes de plantilla, reestructuraciones o cambios estratégicos— necesarias para garantizar su viabilidad. ¿Está preparado el sector público para asumir ese coste político sin interferir en decisiones empresariales que deben responder a criterios económicos? Esa es una incógnita que conviene despejar antes de ampliar la intervención.

Además, no todos los problemas empresariales pueden resolverse con políticas de arraigo. Hay cierres y deslocalizaciones que responden a cambios tecnológicos irreversibles, transformaciones geopolíticas o pérdidas de competitividad estructural. Intentar sostener artificialmente actividades sin futuro puede acabar hipotecando recursos que deberían destinarse a impulsar nuevas oportunidades.

El arraigo, en definitiva, es una estrategia inteligente cuando se concibe como instrumento para fortalecer la competitividad y el desarrollo sostenible del territorio. Pero no debe convertirse en un fin en sí mismo ni en una coartada para intervenir sin un análisis riguroso de costes y beneficios.

Arraigo, sí. Pero no así. No a cualquier precio. No sin criterios claros. No sin evaluación independiente. No sin profesionalización. Porque cuando se gestionan recursos públicos, la exigencia debe ser máxima. Solo así el círculo virtuoso entre empresa y territorio será real y sostenible en el tiempo.