Alberto Uriona publica hoy en El País la multimillonaria indemnización que van a recibir los dos ejecutivos de Zabalgarbi despedidos por haber invertido parte del patrimonio de la sociedad en fondos de Madoff. En concreto, Juan Ignacio Unda y Domingo de la Sota, director general y financiero, obtendrán un finiquito de tres millones de euros (ver nota al final del texto con el desmentido de la Diputación).

De ser cierto, me parece absolutamente impresentable. Al fin y al cabo, Zabalgarbi es una empresa participada con capital público y que da un servicio de forma monopolística con una concesión administrativa. Además, esta indemnización supondría un premio para alguien que supuestamente lo ha hecho mal. Al parecer, los dos directivos no informaron al consejo de administración de la empresa de la inversión en activos de riesgo.

De hecho, si era necesario abonar estas indemnizaciones, yo me replantearía el despido de los dos ejecutivos. Al fin y al cabo, su mala gestión no lo es en el sentido del proyecto en sí sino de la administración financiera. Además, si Zabalgarbi ya era un proyecto controvertido, con estas indemnizaciones la mala imagen de la incineración se va a agravar aún más.

(Actualización 14.02.09) Según El País, el diputado foral Iosu Madariaga aseguró ayer que la indemnización real es cinco veces inferior (650.000 euros) pero el propio periódico insiste en la cifra de 3 millones de euros.

(Actualización 13.02.09) Desde Diputación de Bizkaia nos envían esta información: “Gracias al ejercicio de la responsabilidad por parte de la Diputación Foral de Bizkaia, que posee el 20% del accionariado de Zabalgarbi, se han podido depurar responsabilidades y plantear la adopción de medidas legales para tratar de minimizar el impacto de la operación financiera de cuyos movimientos no fue informado el Consejo de Administración.

El diputado foral de Medio Ambiente Iosu Madariaga ha anunciado hoy que la segunda línea de la planta de valorización energética no se pondrá en marcha mientras exista un control privado en el accionariado de la sociedad Zabalgarbi.

Desde la Diputación Foral de Bizkaia se mantiene la necesidad de facilitar el control y la transparencia de un servicio ambiental público y básico para la ciudadanía del Territorio Histórico. Madariaga ha aludido así al consenso de la cámara de Juntas Generales en cuanto a la importancia de un control público de las infraestructuras que forman parte del sistema integrado de gestión de los residuos urbanos de Bizkaia que se contempla en el II Plan Integral de gestión de residuos.

Durante la comparecencia, en la que el Diputado de Medio Ambiente ha intervenido por petición propia, se ha incidido en que el ente foral ha ejercido su responsabilidad de control, exigiendo información y pidiendo responsabilidades. Actuando de forma eficaz desde la institución foral, que tan solo posee el 20% del accionariado de Zabalgarbi, se han depurado responsabilidades en la Sociedad y se ha abierto una vía para optimizar el control y la transparencia de la política de inversiones de la misma.

Además, con el objetivo de recuperar las pérdidas o minimizar el impacto de la operación financiera de la que la Dirección de la Sociedad no informó al Consejo de Administración, la Diputación Foral de Bizkaia ha exigido la adopción de todas las medidas legales al alcance de la compañía.”

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