europaEstos días se habla mucho, incluso demasiado, de las multas que la Comisión Europea va a imponer al Gobierno español, y en última instancia a las diputaciones forales, por las vacaciones fiscales. Hay mucho revuelo en torno al tema, en parte con intenciones políticas, dado que el año que viene hay elecciones a juntas generales. Además, los medios de comunicación e incluso partidos que hace apenas un par de años defendían ciegamente la fiscalidad vasca, ahora no parecen tenerlo tan claro. Analicemos el tema.

¿Qué son las vacaciones fiscales?
Se trata de dos exenciones temporales del impuesto de sociedades:
- Las empresas de nueva creación quedaban excentas del impuesto durante cuatro años, siempre que se hubieran constituido con un capital mínimo de 120.202 euros, crearan un mínimo de 10 empleos en seis meses e invirtieran más de 480.010 euros.
- Las empresas ya existentes que hicieran inversiones en activos fijos materiales (por ejemplo, una oficina o un pabellón) superiores a los 480.010 euros y crearan un mínimo de 10 empleos dispondrían de un crédito fiscal del 45% del importe de esas inversiones.

Estas exenciones fueron aprobadas en plena crisis de 1993 mediante tres normas forales para cada una de las diputaciones bajo el título de “Medidas fiscales urgentes de apoyo a la inversión e impulso de la actividad económica”. Fueron en concreto las normas forales 5/1993 (Bizkaia), 11/1993 (Gipuzkoa) y 18/1993 (Alava). Después, se prorrogaron varios años y se volvieron a aprobar tres normas forales actualizando las vacaciones 1996: la 24/1996 (Alava), 7/1996 (Gipuzkoa) y 3/1996 (Bizkaia).

No fue la única exención de impuestos decretada en esa época. Poco antes, en 1988, se había creado una muy similar de incentivos fiscales a la inversión. En 1996 se aprobó una reducción de la base imponible del impuesto de sociedades durante cuatro años en favor de sociedades de reciente creación y que fue denunciada en los tribunales por la Federación de Empresarios de La Rioja.

¿Por qué interviene la Unión Europea?
En principio, el caso podía haberlo resuelto la justicia española, pero lo cierto es que una empresa denunció el caso ante la Comisión Europea, al entender que las vacaciones fiscales vascas afectaban a la libre competencia. “La naturaleza de los créditos fiscales y de las reducciones de la base imponible era tal que podían afectar a los intercambios comerciales entre Estados miembros y falsear o amenazar falsear la competencia”, concluyó Bruselas, que consideró que eran ayudas de Estado.

Lo que muchos no entendemos es por qué la Comisión interviene en este caso y no lo ha hecho nunca para evitar regímenes fiscales que privilegian a las empresas implantadas en sus territorios, como ha sucedido en Irlanda (con tipos inferiores) o en Holanda. En este último país, las multinacionales obtienen numerosas ventajas por los ingresos que obtienen en otros estados miembros.

¿Quién lo denunció?
Una organización de empresarios de La Rioja y la firma Schütz Ibérica, que se consideraba “una empresa competidora” de la alavesa Tubos Reunidos Lentz, que se había creado en Lantarón (Alava) al amparo de las vacaciones fiscales, con lo que no tendría que pagar impuestos durante diez años. Curiosamente, esta empresa no pudo disfrutar de las vacaciones fiscales, pues no tuvo beneficios.

¿Qué ocurrió tras la denuncia?
Tras la denuncia, la Comisión Europea pidió información a las autoridades españolas, que no respondieron en años. Hasta 2001, cuando Bruselas concluyó que las vacaciones fiscales eran ilegales y ordenó que se suprimieran y que se recuperase el dinero no pagado por las empresas beneficiarias.

Paradójicamente, la decisión de la Comisión Europea sólo se refiere a la primera parte de las ayudas (la referente a las empresas de nueva creación) y no indica nada sobre la segunda parte (la referente a las empresas ya existentes, que recibirían un crédito fiscal), que es la que más solicitudes generó. España recurrió ante la Corte Europea de Justicia, que en 2006 confirmó la decisión de la Comisión Europea. Y así hemos seguido, a base de recursos, hasta 2010.

En principio, las ayudas se paralizaron en 2000 y las diputaciones exigieron la devolución de los impuestos no pagados a todas las empresas beneficiarias. Sin embargo, esto no parece ser del todo cierto, salvo quizás en el caso de Gipuzkoa, que ha repetido por activa y por pasiva haber recuperado todo el dinero.

Según El País, la Comisión estima que los 290 millones recobrados hasta ahora por las instituciones forales apenas suponen el 30% de las ayudas concedidas y exigen que se devuelvan otros 700 millones de euros adicionales. Mi interpretación es que Bizkaia, que es el territorio más rebelde, sólo ha recuperado el dinero de las firmas de nueva creación y no ha tocado a las que ya existían. De ahí la diferencia tan considerable. También se rumorea que hay discrepancias en el recálculo de los impuestos de esos años, ya que las diputaciones sólo deducían el 40%, en lugar del 45%.

De hecho, los tribunales europeos aseguran que no se ha cumplido con su mandato y piden que se multe a España (y en última instancia a las diputaciones) con una sanción diaria de 25.817 euros desde la sentencia de 2006.

¿Quién recibió las ayudas?
Un total de 300 empresas, fundamentalmente de Bizkaia. El importe total de las exenciones fiscales alcanzó entre 700 y 1.000 millones de euros, lo que haría una media de entre 2,5 y 3 millones de euros por compañía. Lamentablemente, en los medios se han publicado datos discordantes y muchas veces especulativos.

Así, se ha mencionado como supuestamente beneficiarias a las empresas Editorial Iparraguirre (diario Deia), Bahía Bizkaia Gas, Bahía Bizkaia Electricidad o Petronor, pero en realidad estas firmas recibieron créditos fiscales del 20% de sus inversiones y exención del impuesto sobre transmisiones patrimoniales en virtud de una norma foral de 1988.

Por lo tanto, no estarían afectadas por la decisión comunitaria, que se refiere a las normas de 1993 y 1996, y es hasta dudoso que hayan tenido que devolver dinero. Algo parecido ocurre con la alavesa Ramondín. En el caso de Daewoo, la denuncia era más amplia, en cuanto incluía también ayudas específicas e incluso la entrega de terrenos a bajo precio, pero sí que estaba relacionada con la regulación de 1996. Digamos que fueron estos dos casos los que llevaron a la Comisión Europea a investigar y a descubrir “el pastel”.

Sea como fuere, la lista de empresas beneficiarias sí es pública, ya que las diputaciones tienen obligación de publicar sus nombres y ayudas en sus respectivos boletines oficiales. He dedicado un buen rato a buscar esta información en el caso de Bizkaia y a analizarla y lo cierto es que hay compañías de todos los tipos, pero especialmente constructoras e inmobiliarias, probablemente porque lo tienen más fácil para justificar inversiones en activos fijos materiales (por ejemplo, terrenos).

Así, en el listado figuran Lemona, Balzola, Inmogroup, Hormigones Euzko, Bikain, Hijos de León Amantegui, Explotadora de Calizas de Vizcaya, Bilbu, Excavaciones Archanda, Hormigones Vascos, Hormigones Cavia, Viuda de Sáinz y Cantera Galdames. También hay muchas firmas de distribución (que en el fondo son inmobiliarias) de vehículos, como Santurtzi Motor o Aguinaga y sobre todo de alimentación, como Supermercados Ceal, Eroski, Carrefour Norte, Goko, Tamar Las Arenas, El Astorgano, Ekosa, Etxezuri y Sebastián de la Fuente.

El sector del reciclaje está bien representado, a través de compañías como Sader, Aser, Recuperadora de Cobre y Derivados o Indumetal. Lo mismo ocurre con las firmas de transporte, que probablemente compraron muchos autobuses y camiones en aquel entonces: Autobuses de Lujua, Transportes Colectivos, Bilbaína de Autobuses, Viacar, Toro y Betolaza, Compañía de Autocares de Basconia, Compañía de Automóviles Vascongados, Erhardt, La Guipuzcoana, Terminales Marítimas de Bilbao o Remolcadores Ibaizabal.

Un dato interesante son las exenciones fiscales recibidas por Diario El Correo (24,5 millones de pesetas) y por varias filiales de Vocento, como Keliox o sus emisoras de radio. Las grandes corporaciones fueron probablemente las más beneficiadas. En la lista figuran IBV, Acideka, Landata Sistemas, Wartsila Diesel, Cementos Lemona, Bilbaína de Alquitranes, ITP, Cabot, Ormazabal, Laminación y Derivados, Vicinay, Harino Panadera, Fuchosa, Zubiri, Super-Ego Tools, Idom, Monroe Spain, Atotech España, Compañía Internacional de Pesca y Derivados (Inpesca), Aurora Polar, Saunier Duval, Cikautxo, Maier, Vicrila, Tenneco España, Arteche, Sun Chemical, Sidenor, Tarabusi, Olarra, Reckitt & Colman, Wartsila Diesel, Outokumpu Copper Tubes, Mecánica de la Peña o Formica España.

Y hay también dos entidades financieras, como Caja Rural Vasca y la BBK, y algunas firmas relacionadas con las TICs, como Kyat, Keon (actual Azertia), Softec, UMD o Ceinsa (actual Oesía). Es llamativo que haya muchas sociedades públicas, como Bilbao Ría 2.000, Euskalnet (propietario de la red de Euskaltel), Bilbogas, Naturgas, Sociedad Gestión de Capital Riesgo del País Vasco o el centro tecnológico Azti. Y más aún que en la lista de beneficiarios esté incluida alguna asesoría, como por ejemplo, Aranceta Becares Aldama y Asociados o Attest y una comunidad de bienes de notarios.

Otro nombre curioso que figura entre los “exentos” es el del abogado Txema Montero, que fue miembro de la Mesa Nacional de HB. Y también habría que mencionar a la funeraria Nuestra Señora de Begoña, el Instituto de Marketing del País Vasco, la Clínica Vicente San Sebastián, la Joyería Suárez, las tiendas de fotocopias Lankopi, la librería jurídica Gomila, la Hamburguesería Ugari, Cafés Baqué, Asegarce (Carlos Arguiñano) y la Sociedad Chorizos de Orozko.

¿Tenían sentido estas exenciones?
Es cierto que Euskadi sufría una crisis galopante en 1993 (yo mismo, recién licenciado, la sufrí) y que estos incentivos fiscales a corto plazo podían incrementar la inversión privada. Pero son pan para hoy y hambre para mañana. Probablemente adelantaron la compra de activos materiales pero no generaron verdadera riqueza, que es la que se produce a través de la I+D.

El hecho de que entre los grandes beneficiados figuraran especialmente empresas de distribución y de construcción da la razón, en gran medida, al catedrático Ignacio Zubiri, que escribió recientemente en El País que este tipo de ayudas terminan engordando los dividendos empresariales y no generan inversiones reales. Como decía antes, esto no ocurre cuando se fomenta la I+D o las compañías de nuevas tecnologías, cuyos beneficios generalmente van destinados a acelerar el crecimiento a través del desarrollo de tecnología.

No me han gustado, en este sentido, las protestas de las patronales vascas, que demuestran estar a merced de las grandes corporaciones y no tanto del amplio y rico tejido de pymes que hay en Euskadi. De hecho, una de las principales críticas que se pueden hacer a las vacaciones fiscales es que sólo iban dirigidas a las grandes inversiones, olvidando las pequeñas, que suelen ser las que generan más riqueza a largo plazo.

Obsérvese también, en este sentido, la intervención del Círculo de Empresarios Vascos, un lobby vinculado a Vocento, que ha llamado a filas al mismísimo comisario Joaquín Almunia. Da verdadero miedo la descripción que hace del encuentro Manu Alvarez en El Correo: “Será en esta segunda cita, a puerta cerrada, sin micrófonos y con un esquema en el que los asistentes pueden realizar preguntas cuando, a buen seguro, el comisario tendrá la oportunidad de explicarse con más rotundidad. Algunos de los socios del Círculo dirigen, precisamente, empresas que están implicadas de forma directa en el contencioso sobre las ayudas fiscales”.

Dicho de otra forma: la trasparencia brillará por su ausencia. Es un tema suficientemente grave, en el que están implicados casi todos los miembros del Círculo, y que es mejor que se resuelva a puerta cerrada. Lobby en estado duro y al que, a mi juicio, no debería haberse prestado el comisario Almunia.

¿En qué situación estamos ahora?
Por una parte, la Comisión Europea y el Tribunal de Luxemburgo aseguran que no se ha devuelto todo el dinero y las diputaciones forales se hacen los suecos. Es lo mismo que ha venido ocurriendo desde los noventa, con la novedad de que ahora existe el riesgo de una multa por días, con lo que convendría llegar a un acuerdo lo antes posible.

Lo que sí ha cambiado de verdad es el apoyo político a las diputaciones forales, que antes era unánime entre los partidos vascos. Ahora ya no. El PSE (y el Gobierno Vasco) parece defender a Bruselas y coincide que el comisario europeo de Competencia es un socialista vasco, Joaquín Almunia. En el Grupo Noticias dejaban caer recientemente que todo esto olía a “boycott a las diputaciones”, ante la proximidad de las elecciones de mayo de 2011.

(Actualización) Según nos indica el abogado Txema Montero, el José María Montero Zabala que aparece como beneficiario de las vacaciones fiscales no es él, pese a la coincidencia exacta de nombre y apellidos.

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