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Español: Diputación Foral de Vizcaya, Bilbao (País Vasco, España) (Photo credit: Wikipedia)

La sentencia absolutoria de la Audiencia de Bizkaia sobre las actuaciones irregulares de Juan Ramón Ibarra, el ex jefe de la Inspección de la Hacienda foral, el conocido como “caso Ibarra”, no aclaran suficientemente lo ocurrido. Es cierto que el tribunal absuelve al acusado, pero en ningún caso eso significa que los tratos de favor hacia ciertos contribuyentes no se produjeran. Es decir, que Ibarra no cometió ningún delito, salvo que en apelación el Tribunal Supremo opine lo contrario, pero que durante el juicio sí ha quedado acreditado que la Hacienda foral no obró correctamente.

Y no quería hablar de este tema hasta que concluyeran las elecciones, dado que tiene un cierto tufo político que no quiero que se convierta en electoralista. Una gran parte de los contribuyentes que recibieron tratos de favor están vinculados al PNV y se ha demostrado que, en algunas cosas, la Hacienda foral actuaba con una opacidad que asusta.

Veamos los hechos:

- A Ibarra se le acusó de falsificación de documento público, desobediencia, prevaricación y cohecho y a tres de sus colaboradores se les acusó de colaborar en estos delitos.

- Ibarra fue jefe de la inspección fiscal entre 1989 y 2004. Durante ese periodo, un total de 209 contribuyentes se vieron beneficiados de manera arbitraria por no inspecciones ordenadas directamente por Ibarra. Son los que se han denominado “contribuyentes protegidos”.

- La Diputación de Bizkaia primero se sumó a la acusación y después se desvinculó por estimar que no había delito. La Fiscalía se quedó sola en la acusación.

- En el patrimonio de Ibarra figuran 337.000 euros de difícil justificación, pero no se ha podido probar que vinieran de pagos por los favores recibidos, que es lo que exige el delito de cohecho.

Y ahora las dudas que le surgen a un ciudadano de a pie después de seguir este caso atentamente:

- Si Ibarra protegió a 209 contribuyentes a sabiendas de que así no iban a ser inspeccionados, ¿por qué lo hizo? Los testimonios vertidos en el juicio parecen indicar que obedecía órdenes de sus superiores. ¿No va a investigar la Diputación lo que ocurrió realmente?

- ¿No es mucha casualidad que Iñaki Goiri, ex director de la Hacienda foral cuando Ibarra pasa a ser jefe de Inspección, sea al mismo tiempo presidente de Transportes Colectivos, una empresa de la familia Aguinaga, que figura entre las más favorecidas por las no inspecciones? Para más inri, Goiri, que también fue diputado foral de Hacienda, aseguró en el juicio que no se cometió ninguna irregularidad. Delitos parece que no se cometieron, pero irregularidades sí ha quedado demostrado que unas cuantas. Hay que recordar, además, que Goiri fue implicado en su día por empresarios del sector tragaperras con el cobro de licencias ilegales para financiar al PNV. Sea como fuere, me consta que su partido ha tratado de arrinconarle, dado el extraño tufo que tienen algunas de sus actividades privadas. Esto explica probablemente por qué Transportes Colectivos ya no gestiona los autobuses de Bilbao.

- ¿Es cierto, como ha dicho algún inspector en el juicio, que el ex director de la Hacienda foral Iñaki Goiri dio la orden de no investigar a los notarios? De ser cierto, estamos ante un presunto delito como la copa de un pino. ¿Nadie va a denunciarlo? ¿La Hacienda foral no va a investigar lo que hizo un ex alto cargo?

- ¿Es cierto, como ha dicho algún inspector en el juicio, que el ex director de la Hacienda foral Iñaki Goiri paralizó procesos de investigación sobre empresas concretas? Una vez más, un presunto delito que requeriría una investigación específica.

- ¿Es cierto que la Hacienda foral planteó a la familia Aguinaga que creara un holding para ahorrarse impuestos (se habla de hasta 30 millones de euros)? De ser cierto, una vez más, llaman poderosísimamente la atención semejantes atenciones hacia un contribuyente (mejor dicho, un grupo de contribuyentes). Y más aún si después nos enteramos de que se habían bloqueado las inspecciones a todos los miembros de esta familia, que como es sabido es propietaria de concesionarios de Mercedes y lo era parcialmente de Metrovacesa y de Transportes Colectivos.

- Parece haber quedado claro que Ibarra favoreció a amigos “del Obispado”, a asesores de su confianza, a clientes de asesores de su confianza e incluso a un conocido de un club deportivo. Alguno de ellos incluso con pisos (comprados y pagados) de por medio. Lo mismo se puede decir de alguno de sus superiores. Según el juez, el hecho de decidir no inspeccionarles no supuso delito, pero como ciudadanos y contribuyentes sí podemos decir que suena a chapuza. En todas las organizaciones hay gajes del oficio y amigos de sus amigos, pero lo extraño del caso es lo mucho que duraron las irregularidades. Una aclaración por parte de Hacienda sería, una vez más, bienvenida.

- Entre los favorecidos, hay de todo. Pero yo he encontrado dos grandes coincidencias: gran presencia del sector inmobiliario-constructor y accionistas de una conocida televisión local. Teniendo en cuenta las grandes relaciones con el poder político que mantienen ese tipo de empresas, creo que es lógico que los ciudadanos sospechemos que han podido suceder cosas raras. Se puede llegar a justificar la existencia de ciertas ventajas fiscales para una compañía que trata de salvar a otra en dificultades, pero me parece complicado encontrar una razón por la que convenga favorecer a una inmobiliaria concreta. Y menos aún en los últimos diez años, cuando este sector ha generado pingües beneficios.

Y ahora la larga lista de empresas y personas que resultaron favorecidas, más que nada por concentrar la información que ha aparecido en diversos medios:

- Pedro Abasolo (actual presidente de Tubos Reunidos) y Jesús Lobo, administradores de High Technology Management, una asesoría especializada en el rescate de empresas y que intervino en casos tan sonados como Mecánica de la Peña y Ucem. En este caso, da la sensación desde fuera de que el ahorro fiscal podía ir asociado a las dificultades que entrañaba hacerse cargo de compañías en suspensión de pagos.

- Oscar González Arechavaleta, propietario de la constructora Abaroa y de la inmobiliaria Finaga.

- Eloy Arsuaga, propietario del grupo Arsuaga (Arcinsa, Construcciones Arsuaga, Fincas de Begoña, Grafinsa, Inmobiliaria Aramar, Rovisa, Inmobiliaria Garalbi, Arsidi, Inmobiliaria Estrella Polar, Garaje Santa Clara, Ibaigane 2000, Promociones Eloya, RPC).

- Las familias Canivell, Chirapozu, Herrera y Santisteban, propietarios del Grupo Laminación y Derivados.

- José Ignacio Negrete, propietario de maderas Biltosan.

- Manuel María Pujana, propietario de la constructora Lankari

- Javier Bringas, propietario de una firma de logística vendida en los años noventa.

- José María Goicolea, propietaria de inmobiliarias en Santurtzi y del colegio San Francisco Javier.

- El grupo familiar Aguinaga-Llantada, del que ya hemos hablado anteriormente.

- El asesor Iñaki González.

- Lorenzo Mendieta, propietario de las sociedades Elizalde, Promarsa, Inversiones Galax, Estigia, Argal, Promociones Negra y Promociones Bartal. Aunque El País lo ha llegado a considerar “personaje clave en el caso” por sus relaciones con el PNV y con medios de comunicación como Deia, lo cierto es que sus problemas con Hacienda no parecen reales. Mendieta, ex director de Marketing de BBK, tuvo la brillante idea de crear una empresa para facilitar las promociones de las entidades financieras, fundamentalmente con vajillas y enciclopedias. La compraventa de estos artículos entrañaba complejas operaciones de ingeniería jurídico-fiscal en las que, sin violar la legislación, se podían generar ahorros importantes para la empresa que las diseñaba (se habló de 27 millones de euros). Todo indica que Mendieta “jugó” mucho con este tipo de artimañas, hasta el punto de generar recelos en Hacienda. Se le investigó, se paralizó la operación pero tampoco parece que hubiera delito fiscal.

- Claudio Pérez Cobo y su esposa Rosa María Cabriada, propietarios de Jamones Claudio y Galarpe.

- José Antonio Agirre Iruin, propietario de las promotoras Olgetan y Austerlitz y de la asesoría San Juan de Acre, además de copropietario de Orbinox.

- José Antonio Goikoetxea Galarza, copropietario de Orbinox.

- José María Losa Pérez, propietario del restaurante Getaria y de la firma de restauración Kermit.

- Joseba Gobela, del Grupo Airlan.

(Actualización 9.05.12) Al final la Fiscalía recurrió al Tribunal Supremo, que sí ha condenado a Ibarra (ver sentencia) a cuatro años y medio de cárcel por un delito de falsedad en documento público en relación con la simulación de inspecciones que realmente no existían. Nada se dice del presunto cohecho, prevaricación y desobediencia a superiores, delitos de los que se entiende que ha sido exculpado.

La sentencia del Tribunal Supremo incluye menciones a varias empresas que resultaron protegidas por Ibarra: Airlan, High Technology Management, Cartera Deva, Abaroa, Baseibar, Jamones Claudio, Jamones Belako, Galarpe, Biltosan, Maderas Negrete, Evizalde, Promarsa, Inversiones Gala, Estigia, Angal, Promociones Negra y Promociones Bartal.

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