Free Software Foundation Bulletin (Photo credit: OsamaK)
La pasada semana se ha publicado el decreto para la “apertura” y “reutilización” de las aplicaciones informáticas que desarrolla el Gobierno Vasco. Es decir, para liberar el software pagado con fondos públicos. Tras una lectura profunda del mismo, mi sensación es que es papel mojado, pues está redactado de tal manera que no servirá prácticamente para nada.
Me explico:
- Solo concierne al Gobierno Vasco y sus entes autónomos. Ni tan siquiera afecta, en una primera fase, a sociedades públicas como Ejie, que son las que más software fabrican.
- No existe ni fiscalización de su cumplimiento ni sanciones para los funcionarios o cargos políticos que incumplan el decreto.
- No se ha previsto un sistema de recursos para que las empresas o los ciudadanos que entendemos que una decisión de no reutilización de software libre ha sido arbitraria podamos solicitar una revisión.
- No establece objetivo alguno. El decreto puede servir tanto para que se libere un programa como 100.
- El directorio de aplicaciones informáticas de fuente abierta que prevé crear ya existía antes. Se llamaba forja y sabido es que ha fracasado totalmente, hasta el punto de que se ha cerrado el acceso. Dos años después de su creación, solo contenía un programa.
- No obliga a reutilizar software libre elaborado en ámbitos distintos al vasco. Esto es lo más ridículo de todo, pues sabido es que los principales programas de código abierto, como Linux, OpenOffice o WordPress, han sido desarrollados a nivel internacional.
- El decreto se refiere al “desarrollo” y a la reutilización de “aplicaciones” pero no a la utilización de licencias o de programas en la nube. Es decir, pretende promover que se haga software libre pero no que se consuma cuando solo se compra su uso, que es en este momento una tendencia creciente.
- Es cierto que el decreto obliga a la Administración a justificar la no creación de software libre, pero las razones en las que se puede amparar son demasiado amplias y no fiscalizables. En concreto, se han incluido ahí causas “relacionadas con la seguridad” o con que alguno de los componentes del software corresponda a una colaboración público-privada.
Dicho de otra manera: el decreto tiene buenos objetivos pero contiene tantas condiciones que su aplicación real preveo que sea nula. Si fuera el redactor de esta norma, lo habría planteado en estos términos:
- No debe caber bajo ningún concepto la no utilización de software libre disponible en el mercado (no solo el desarrollado en Euskadi). Las razones de seguridad y de colaboración público-privada que se establecen son auténticos coladeros y, de ser realmente necesarios, se pueden conseguir por otras vías.
- La compra de licencias de software o el alquiler de programas en la nube también deberían haberse incluido. Es increíble que, con este decreto en la mano, la Administración pueda seguir comprando licencias de Microsoft Office sin justificación alguna.
- Debería haberse previsto la participación de la sociedad en el desarrollo del software que utiliza la Administración. De hecho, a nivel mundial, la mayor parte de los programas han sido elaborados por programadores individuales y no por empresas. Se nota excesivamente que el decreto ha sido consensuado única y exclusivamente con las patronales Gaia y Esle, sin participación de la sociedad civil.
- Debería establecerse un sistema riguroso de fiscalización y de sanciones para los que no liberen ni reutilicen el software.
Por cierto, visto el engendro que han redactado, no me extraña que no hayan querido entregar el borrador del decreto ni tan siquiera en el Parlamento Vasco, donde el nacionalista Alex Etxeberria lo solicitó hace ya unos cuantos meses.
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9/08/2004
Quizá es que soy un poco reformista, pero prefiero que se haya aprobado el decreto a que no se haya aprobado. No es la solución, pero sí apunta hacia ella. Coincido en que puede quedarse en un mero brindis al sol, pero bienvenidos sean los gestos a favor del software libre por parte de las Administraciones Públicas.
El problema con las leyes es que ha llegado un momento en que ya no constituyen herramientas de gestión social sino piezas de una especie de género literario relacionado con la propaganda gubernamental (no entro aquí si de unos partidos u otros para no polemizar). Hacer una ley no significa haber puesto los cauces y los medios para que tenga lugar el anhelado cambio en una determinada situación que se percibe como socialmente indeseable. De lo contrario ya hace tiempo que todo el mundo tendría vivienda propia y un puesto de trabajo bien pagado, existiría la igualdad de géneros y no habría discriminación por razón de sexos, razas o religión en ningún país del mundo.
Las leyes no son en principio más que una simple declaración de intenciones, asimilada frecuentemente a la agenda pública de un gobierno con intenciones electorales o de prestigio. Y en el caso que nos ocupa, por las contradicciones enumeradas en el texto de acceso restringido del post, da la impresión de que la ley del software libre ha sido hecha más por jefes de prensa que por expertos en informática. El problema con una ley como esta no es que no se vaya a cumplir, sino que por la misma vaguedad de sus formulaciones resultará imposible decidir si se ha cumplido o no. Cada cual interpretará los resultados a la medida de su conveniencia.
A falta de voluntad o capacitación para redactar un proyecto de ley como Dios manda, para impulsar el software libre encuentro -y es mi opinión personal nada más- que sería mucho más eficaz la vía de establecer proyectos piloto. Por ejemplo, una dependencia administrativa, un municipio o empresa pública en la que para ahorrar costes se estableciera un sistema de gestión de procesos basado no en las soluciones privativas habituales como SAP, sino en alternativas de código libre (por ejemplo Openbravo)-.
Medidas como esta no solo tienen una clara ventaja económica, sino que además podrían favorecer la consolidación de pequeñas empresas de base local para tareas de implantación, mantenimiento, consultoría y formación. El dinero de la administración no iría a parar a grandes multinacionales alemanas o estadounidenses, sino que estimularía la creación de riqueza y puestos de trabajo en el país, contribuyendo al progreso tecnológico y la integración social de las zonas rurales.
Los métodos convencionales -redacción de leyes, trámites parlamentarios, negociaciones entre partidos, etc.- no creo que sean más eficaces para impulsar el desarrollo tecnológico que otras soluciones imaginativas y más ágiles. También hay que pensar en el ahorro: no hay fondos para crear los mecanismos efectivos que permitan encauzar el cumplimiento de normas nuevas, y menos contra los intereses de las grandes empresas, los hábitos adquiridos o la comodidad de unos funcionarios que en lo último que están pensando es en reemplazar su estación de trabajo Windows por otra basada en Kubuntu.
Los proyectos piloto, al constituir la única alternativa para un municipio sin dinero, disponen de la ventaja imbatible de una necesidad basada en las condiciones de partida precarias. En caso de triunfar, generarían efectos de arrastre basados en la imitación, y finalmente contribuyen a fortalecer la cohesión social y las economías locales. Por no hablar del resto de ventajas inherentes a la utilización del software libre.
De acuerdo con Pablo en que este decreto es mejor que nada. Lo que planteo es que realmente va a quedarse en nada por los numerosos condicionantes que tiene.
También de acuerdo con la propuesta que hace Patxi de realizar proyectos piloto. Pero después habría que analizar sus resultados y establecer parámetros de comparación para que no se queden en simples pilotos.
Por supuesto. La idea del seguimiento se da por entendida.