Hace poco se ha confirmado que, debido a la caída de ingresos fiscales por la crisis, los ayuntamientos deberán devolver 190 de millones de euros a las diputaciones. Esta es una muestra más de la debilidad financiera de los municipios y de la necesidad de que un gran acuerdo entre las administraciones para redistribuir las competencias.

La citada devolución se produce porque los ayuntamientos reciben dinero de las diputaciones por adelantado, en base a las previsiones de ingresos de éstas. Cuando la economía y las previsiones son ajustadas o se quedan cortas todo va bien, pero en el caso actual, de fuertes caídas, el devolver dinero puede ser un fuerte golpe para unos ayuntamientos que ven cómo aumenta el gasto social y disminuyen los ingresos que gestionan directamente.

Por eso, si ya en una situación normal era recomendable, ahora se antoja imprescindible llegar a un gran acuerdo entre las administraciones vascas para redefinir las competencias de cada uno y en base a eso, asegurar unos ingresos justos y con responsabilidad sobre ellos: premiar a quien lo hace bien gastando mejor y que si alguien derrocha cargue con ello.

Los ayuntamientos realizan muchas “competencias impropias”, tareas que saben que no son competencia suya pero hacen porque los ciudadanos acuden a la institución más cercana. Como no hay un catálogo claro de competencias y de cómo éstas se financian, acaban aceptándolo y endeudándose. Al fin de al cabo, los alcaldes prefieren tirar para adelante antes de enfadar al vecino que ven todos los días y no acepta que le mareen con líos de comptenecias. Las diputaciones y el gobierno de Lakua no tienen ese problema. Prueba de la minusvaloración de los ayuntamientos es que tan sólo desde hace unos meses están presentes en el Consejo Vasco de Finanzas.

La financiación de los ayuntamientos no pueden depender de la voluntad de la Diputación a la hora de dotar la partida municipal de los presupuestos forales, ni las diputaciones del Gobierno Vasco de turno financiando inversiones forales con sus planes como el de Aceleración Económica y similares del pasado, o las inversiones de los ayuntamientos con acciones puntuales del Estado como el Fondo Estatal de Inversión Local. Parece que nadie pone reparos a la hora de recibir dinero para competencias propias pero es muy celoso a la hora de defenderlas.

Pero antes de llegar a un acuerdo de financiación habría que abordar el tema de las competencias. Hay duplicidades evidentes: turismo (Gobierno Vasco, diputaciones y algunos ayuntamientos con sus propios instrumentos como Bilbao Turismo o Bizkaia Costa Vasca), agricultura (GV y diputaciones),  vivienda (GV, Plan Foral de Vivienda de la Diputación Foral de Bizkaia y algunos municipios con sus Viviendas de Proteccion Local o Viviendas Municipales), cultura, etc. Algunos nos acordamos de aquella lucha entre diputaciones y Gobierno Vasco por quién podía instalar cámaras en las carreteras y quién construía y gestionaba el centro de control de tráfico, que llegó al Tribual Constitucional.

Hay otras ocasiones en las que, a pesar de que las competencias estén claras, no parece muy justo que haya diferencias entre territorios a la hora de tratar el mismo caso, sobre todo en el caso de los servicios sociales: requisitos para entrar en una residencia, si la vivienda habitual computa para el reconocimeito de deuda, etc. En estas ocasiones parece que la competencia legislativa se usa para distinguirse de los demás en vez de para buscar lo más eficiente. Si al final entramos en una carrera de agravios comparativos y quién es más “avanzado” puede que los que perdamos seamos todos.

En el tema fiscal esa armonización tiene rango de ley, facultando al Gobierno Vasco a que no hay diferencias en el impuesto de sociedades entre territorios. Con el caso de Gipuzkoa y su culebrón legislativo al respecto ha estado cerca de aplicarse, pero se ha dejado pasar. Siempre me ha parecido paradójico que el Gobierno Vasco tenga ese poder de “laminación” sobre las Diputaciones cuando son las Haciendas Forales las instituciones con la historia y la autonomía fiscal desde hace siglos…. el Gobierno Vasco es un bebé a su lado.

Por razones de funcionalidad, hay sistemas que funcionan mejor centralizados: los ayuntamientos delegan la gestión de la recaudación en las diputaciones porque es más eficaz que tener su propio sistema, la sanidad funciona mejor con un ámbito vasco que si cada provincia tuviera que cubrir todas sus necesidades por sí misma, etc. Por ejemplo, volviendo a los servicios sociales, el sistema de la Renta Básica en el que los ayuntamientos reciben las peticiones, la Diputación reconoce la prestación y el Gobierno Vasco financia, quizás pudiera simplificarse.

En Alemania los lánders y el gobierno federal ya realizaron un proceso como el que aquí se propone, con un cruce de contrapartidas de una a otra parte, tanto de poder de veto, competencias y financiación.

No sé si la solución es la Ley Municipal vasca, pendiente desde hace 26 años (la única comunidad autónoma sin ella y prometida una y otra vez), la reforma de la Ley de Territorios Históricos u otra fórmula. En los programas electorales seguro que hay referencias al tema, pero como nadie va a sacar mayoría absoluta lo importante es que digan lo que digan las promesas electorales no se olvide esta cuestión en la negociación de las coaliciones de gobierno.

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