publicidadHay que aplaudir al actual Gobierno Vasco por promover una Ley de Publicidad y Comunicación Institucional que limita las campañas de autobombo de la Administración. Tanto por higiene democrática como por austeridad, ya era hora de que se pusiera un freno a este tipo de gastos que en nada mejoran la vida de los ciudadanos.

La nueva ley parte de la base de que no se debe prohibir toda la publicidad institucional, pues hay algunos anuncios (véase el caso de los de la Gripe A) que tienen un fin realmente informativo. La que se va a restringir es la denominada “de autobombo”, en la medida en que se limita a “destacar los logros de gestión de un gobierno o administración”.

¿Y a qué instituciones afecta? Ahí ha saltado la polémica, pues no sólo se refiere al Gobierno Vasco sino también al Parlamento, diputaciones y ayuntamientos. Y como algunas de ellas están controladas por partidos políticos distintos a los que mandan en Vitoria-Gasteiz, han anunciado su intención de rechazarla por “invasión de competencias”.

Craso error. Esta norma es necesaria y ya era hora de que se creara. Las campañas de autobombo no sólo son innecesarias sino que también son antidemocrácticas, en la medida en que buscan cambiar el voto en favor del partido que comanda la administración de turno. El hecho de que las diputaciones se opongan es otra razón más para “sugerir” una revisión del sentido de las entidades forales.

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