corrupcionUn agente inmobiliario se reúne con un concejal de Laguardia y le ofrece dinero para que vote a favor de la construcción de un campo de golf con chalés. No sabe que la Ertzaintza le está grabando. No hay, por tanto, duda alguna del delito. Se le juzga y, sin embargo, no irá a la cárcel. Tan sólo tendrá que pagar una multa por soborno. Yo me quedo de piedra.

La sensación generalizada de la sociedad (vasca y española, que en esto somos iguales) es que la corrupción campa a sus anchas. Los políticos se favorecen de ella y no parece que estén muy interesados en cortar por lo sano. Y sería muy fácil: con persecución implacable y penas ejemplares. No se puede ser flexible con el corrupto. El que la hace la debe pagar.

A los ciudadanos nos da igual si Gregorio Ochoa, el autor del intento de soborno de Laguardia, cometió uno o dos delitos de cohecho. Lo que sabemos es que hizo algo que se ha convertido en el auténtico cáncer de nuestra sociedad y que, por tanto, hay que extirpar sin ningún tipo de miramiento. Diez años de cárcel y la inclusión de su nombre y fotografía en los telediarios de máxima audiencia serían un mínimo.

Además, es obvio que Gregorio Ochoa (que nunca se olvide su nombre, por favor) no actuaba solo. Es más que probable que fuera un intermediario de otro empresario, el que realmente estaba detrás de la operación. Por cierto, este caso tiene dos caras: la del corrupto, que tapaba cuidadosamente su cara durante el juicio, y la del político honesto que le denunció y colaboró con la Policía para pillarle in fraganti. ¿Para cuándo un homenaje ciudadano a Gregorio López, el concejal de EA que se negó a ser sobornado?

(Actualización 30.01.10) El concejal que denunció el asunto, Gregorio López, ha dado a conocer su insatisfacción con el resultado judicial. “Creo que la Justicia no ha investigado a quienes enviaron al intermediario, que están muy cerca, y deberían estar en la cárcel”, ha dicho.

(Actualización 2.06.10) Parece que al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tampoco le ha gustado esta sentencia, hasta el punto de obligar a repetir el juicio con nuevo presidente y jurado popular.

(Actualización 16.06.11) Al final parece que se ha hecho justicia. El Tribunal Supremo ha condenado finalmente a Gregorio Ochoa a un año y medio de cárcel por un delito de cohecho activo, además de a cuatro años y medio de inhabilitación especial para cargo público y a un multa de 180.000 euros. Queda absuelto el otro inculpado, el empresario Mario Balza, a quien se acusaba de ser el que hizo el encargo original.

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