Las instituciones gobernadas por el PNV están rechazando, de forma sistemática, todas las ofertas de gestión de sus telecomunicaciones procedentes de Telefónica, al entender que sus precios son inferiores a los que marca la regulación. Así sucedió en 1998 con el Gobierno Vasco, que ni siquiera aceptó la proposición del operador presidido por César Alierta, y más recientemente, con la Diputación de Bizkaia.

Estas instituciones entienden que Telefónica tiene los precios regulados y que, por tanto, cuando realiza una oferta “demasiado barata” está vulnerando las normas. El operador, sin embargo, se acoge al “grupo cerrado de usuarios”, una excepción que le permite en casos muy específicos realizar propuestas comerciales que se salen de lo previsto por la ley.

Telefónica ha utilizado esta herramienta regulatoria para lanzar ofertas a los socios de las cámaras de comercio vascas, que Euskaltel se encargó de recurrir ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Urnietatel, el frustrado operador municipal de Urnieta, también se acogió al “grupo cerrado de usuarios” para poder poner en funcionamiento sus servicios sin necesidad de licencia.

La CMT ha aceptado en ocasiones la utilización de esta excepción legal por parte de Telefónica, aunque otras veces la ha rechazado por entender que vulnera “el marco regulatorio”. Este último fue el caso del concurso para gestionar las telecomunicaciones de la Consejería de Sanidad de la Generalitat de Catalunya, que recayó inicialmente en el operador controlado por BBVA y La Caixa.

La CMT está elaborando una normativa que obligará a todas las instituciones a realizar concursos para la gestión de sus telecomunicaciones. El organismo estatal pretende evitar que ayuntamientos como el de Barakaldo sigan contratando, sin licitación, sus servicios de telefonía o Internet a Telefónica.

La CMT se ha fijado también en lo ocurrido en la Comunidad Autónoma Vasca, donde Euskaltel ha ganado todos los concursos. Según ha sabido @Euskadi, la nueva normativa no permitirá participar en las licitaciones a empresas participadas por la institución convocante ni tampoco adjudicar todos los servicios en bloque, como hizo el Gobierno Vasco en 1998. Esto habría evitado que la telefonía móvil fuera asignada, por decreto, a Euskaltel tres años después, pese a que inicialmente no había sido incluida en el concurso.

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