LOS PRESOS (I)

Esta cuestión es muy simbólica para ETA y su entorno. Es sintomático que las movilizaciones abertzales, que solían acabar al grito de “jo ta ke, irabazi arte” (dale que dale hasta la victoria), pasaron a finalizar con “Amnistia lortu arte”, en un baño de realismo y de cambio de elemento central de su lucha. ETA, en  comunicado de su cese ni siquiera se despedía con esa reivindicación, sino con un “independentzia eta sozialismoa lortu arte” más etéreo.

Aunque en esta serie de artículos estamos tratando el futuro de Euskadi post-ETA, hay que echar un vistazo al pasado y presente para entender la situación. En este caso, cómo se ha llegado a la situación actual de los presos.

En primer lugar, está el tema de la dispersión, que se ha convertido en la reivindicación más fuerte de ese sector, con cientos y cientos de pancartas en balcones de las calles de Euskadi, concitando simpatías de mucha gente opuesta a la violencia.

La dispersión es una medida puramente de política penitenciaria. No está escrita en ninguna ley, ni por lo tanto hay que hacer nada para cambiarla o derogarla desde el parlamento o los tribunales. El propósito de la dispersión fue acabar con la situación que existía antes de 1989, con los presos concentrados en unas pocas prisiones de máxima seguridad y un fácil control por parte de ETA y sus presos más acérrimos. Dispersándolos, separándolos, se suponía que se facilitaba su desarrollo individual, lejos de la presión del grupo. Lógicamente, eso supone distribuirlos por todas las prisiones y todo el territorio. Fue una medida ampliamente apoyada por los grupos políticos en su momento , incluyendo al PNV.

Mucha gente cree de buena fe, de tanto oírlo repetido por parte de la izquierda abertzale, que cualquier preso tiene derecho a  estar en una prisión próxima a su lugar de residencia, y por lo tanto, la dispersión es ilegal. Lo he oído en tertulias en la televisión pública vasca, en ruedas de prensa, en boca de políticos, en artículos de prensa… De ahí es fácil pasar a discursos como el de “en España no hay estado de derecho ya que su gobierno incumple sus propias leyes”.

Pues bien, ese supuesto derecho no es tal, no existe, no está en ningún sitio de la ley penitenciaria. Ni siquiera aparece como recomendación. Es un caso más de que una mentira repetida mil veces acaba convirtiéndose en una verdad. Lo más aproximado que uno se puede encontrar es que deberá haber prisiones suficientes “para satisfacer las necesidades penitenciarias y evitar el desarraigo social de los penados” (artículo 12).

Lo que sí dice la ley penitenciaria, en su primer artículo, es que tiene como “fin primordial la reeducación y la reinserción social”. Y ese objetivo principal (por algo está como inicio de la ley) es prioritario sobre otros de “arraigo social”. Si Instituciones Penitenciarias cree que es mejor para la evolución del preso que esté lejos y aislado, puede hacerlo. Un juez, en un programa de televisión, lo comparó con los toxicómanos a los que es necesario separar de su entorno, por ser pernicioso, pero me parece una semejanza un poco forzada.

¿Cómo se detecta la evolución social del preso? Pues ofreciéndoles una carta de arrepentimiento con cuatro puntos: renegar de la violencia, pedir perdón a sus víctimas, prometer colaborar con la justicia y comenzar a pagar las indemnizaciones (que el Estado ya ha adelantado a las víctimas). Si se acoge a ese camino, es trasladado a prisiones del norte de España, siendo Nanclares de la Oca (Álava) el punto final donde están los que han renegado totalmente de ETA.

Los críticos de la dispersión han resaltado la escasa efectividad de esta política. Puede ser cierto, ya que aproximadamente sólo un tercio de presos de ETA están en segundo grado, con un régimen más blando que los que siguen la línea oficial, y que, por sus continuas y orquestadas campañas de protesta, siguen estando en primer grado. Además cuestionan la “pureza” del proceso de reinserción ya que va unido a un sistema de premios (alejamientos de Euskadi) y castigos (acercamientos) según evoluciones o no. Efectivamente, lo ideal es que los presos evolucionaran por si mismos sin tener el aliciente de ser trasladados a una cárcel cerca de Euskadi, pero los de la línea oficial igualmente se debían preguntar si la aparente unidad del colectivo de presos no está influida por su propio sistema de castigos al disidente. Si un preso se aleja del EPPK (colectivo oficial de presos) se queda sin asignación económica adicional, los otros presos reciben órdenes de no tener contacto con ellos, sus nombres son eliminados de la cartelería y campañas, sus familiares son apartados de las acciones de protesta y apoyo y dejan de tener apoyo logístico (viajes, autobuses) y legal (abogados), todos son tachados de traidores, etc. Eso en pequeños pueblos puede ser muy muy duro. ¿Cuántos presos se habrían desvinculado de la línea oficial si no hubiera represalias? De momento se calcula que el cese de ETA ha paralizado 40 deserciones, ante la posibilidad de una salida global sin necesidad de salirse del rebaño.

[Viene de La Euskadi post-ETA (II) y continúa en La Euskadi post-ETA (IV)]

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