La Comisión Europea ha decidido suspender las ayudas de unos 2.000 millones de pesetas que tenía previsto conceder a la sociedad pública vasca Euskalnet, dedicada a la gestión de los servicios de telecomunicaciones del Gobierno Vasco, para la construcción de una red de cable en el País Vasco, ya que el Ejecutivo comunitario entiende que esa infraestructura no es necesaria para el desarrollo regional.

Además de decidir la suspensión de las ayudas previstas, la UE podría exigir al Gobierno Vasco la devolución de las ayudas que ha recibido desde 1989, para hacer frente a la construcción de la red de gas vasca, a cargo del Ente de la Energía. Bruselas sospecha que parte del dinero que concedió exclusivamente para construir la citada red de gas, varios miles de millones de pesetas, se ha desviado para crear una infraestructura de telecomunicaciones, según han revelado fuentes de la UE. Ambas redes, la de gas y la de telecomunicaciones, se han instalado conjuntamente aprovechando las mismas zanjas.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de mayo, cuando Bruselas detectó la posibilidad de que el Gobierno Vasco hubiese ocultado su intención de construir una red para la televisión por cable y para la transmisión de datos que podría competir con sociedades privadas. Aunque el asunto no entra en el ámbito de la Dirección General de la Competencia, puesto que aún no se ha creado un operador vasco de estos servicios, la Comisión prosiguió con la investigación ante la necesidad de aprobar en julio la entrega de los fondos estructurales para el período 1994-96.

Finalmente, la Dirección General de Política Regional, que lidera Eneko Landaburu, decidió a mediados de julio suspender las ayudas para la infraestructura vasca de telecomunicaciones. Concretamente, la fórmula empleada se concreta en la aplicación de una “cláusula de suspensión ante las reservas planteadas por la Comisión y por la Administración central” a la actuación del Departamento de Industria en este asunto.

Así las cosas, a pesar de que en un principio se ha optado por suspender la concesión de las ayudas, la Comisión negociará en otoño con el Departamento de Industria si se otorgan finalmente los fondos y para qué fines. “La UE nunca permitirá que se creen redes alternativas de telecomunicaciones con dinero público pero sí podría fomentar que el Gobierno Vasco invierta ese dinero en desarrollo de servicios para Pymes o en dar clases universitarias por vídeoconferencia”, explican las fuentes comunitarias.

En la investigación también ha participado el Gobierno central, que, según las mismas fuentes, “entiende que el Gobierno Vasco está realizando maniobras que rozan la ilegalidad”. A partir de los informes estudiados, la Comisión ha llegado a la conclusión de que Euskalnet pretende también crear, junto con otros socios privados, una compañía de televisión por cable y, a más largo plazo, de telefonía vocal.

Con anterioridad a la decisión de no conceder inicialmente la subvención prevista, Bruselas remitió al Departamento de Industria las conclusiones de la investigación que ha llevado a cabo. En su réplica, el Gobierno Vasco “llegó a reconocer su objetivo de crear un operador rentable de telecomunicaciones para competir con Telefónica en la Comunidad Autónoma”, se afirma desde la Comisión Europea. Sin embargo, la legislación vigente no permite, mientras no se apruebe la ley de telecomunicaciones por cable, que haya otros operadores con infraestructura propia.

Además, Euskalnet transferiría sus activos, esencialmente la red capilar, es decir, los tubos de cable que ha instalado junto a los del gas en 70 poblaciones vascas, a una empresa privada. “En ese momento -explican las fuentes comunitarias-, se estarían utilizando fondos públicos para crear una empresa que compita con compañías financiadas con dinero privado. Eso entraría en el campo de la Dirección General de la Competencia y ellos impondrían rápidamente una sanción al Gobierno Vasco”.

En este sentido, puntualizan que “no es aceptable que inviertan el dinero que les hemos dado para construir una red de gas, que nunca se privatizará, en un proyecto no especificado y que, además, va a pasar a manos privadas”. La Comisión lamenta que Euskalnet “ha enterrado” ya más de 5.000 millones de pesetas, “porque no tienen capacidad económica ni técnica para competir en el mercado de las telecomunicaciones por sí mismos”.

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