El arquitecto Miguel de Oriol e Ybarra y su hijo, Miguel de Oriol e Icaza, este último firmante del proyecto del campo de golf de Carranque (Toledo) Para PEYBER-CCM, es decir, para VILLA ROMANA GOLF; son socios de Javier Arteche Tarascón y Luis María Maya Galarraga, dos de los principales miembros de llamada “trama vasca” de la Operación Malaya.
El prestigioso arquitecto Miguel de Oriol e Ybarra, autor entre otros muchos proyectos, del edificio Torre Europa, y su hijo Miguel de Oriol e Icaza, no solamente se dedican a grandes obras arquitectónicas. También han hecho trabajos de menos lucimiento para las empresas de los Díaz Bermejo-Gallego Peinado como, por ejemplo, una nave industrial de 6000 m2 en Torrejón de Ardoz, aunque sin duda, el proyecto más importante desarrollado por Oriol para estos mismos clientes es el del campo de golf de Carranque: mil ochocientas viviendas, de momento, todo ello lindando con la otra urbanización de tamaño similar que construye Aurelio González Villarejo en la localidad.
La elección de este arquitecto para la realización de un campo de golf, en principio, parecería lógica puesto que en la finca que Miguel de Oriol e Ybarra tiene en el pueblo toledano de Layos, se ha puesto en marcha el primer campo de golf de la provincia con su correspondiente urbanización y dos hoteles de lujo, uno de los cuales, el llamado ALBA DE LAYOS, fue construido, precisamente, por PEYBER.
Sin embargo, la cosa no es tan simple porque es en esa finca de Layos donde el rancio apellido Oriol se mezcla con Javier Arteche Tarascón, con Luis María Maya Galarraga, con otros miembros de la “trama vasco-malaya” e, incluso, con nombres que aparecieron implicados en el caso de la estafa a la Hacienda Foral de Guipúzcoa (desde aquí se puede descargar un dossier de prensa sobre el caso).
La empresa que en la actualidad gira con la denominación LAYOS CASA CAMPO SA, con un capital suscrito y desembolsado de 2.607.778,80 € – reducido recientemente a la mitad – Y con domicilio en la Crta de Toledo a Piedrabuena, Km 12,500 en el término municipal de Layos, Toledo; es el resultado de la fusión de una primera compañía, también denominada LAYOS CASA CAMPO SA y de LC RES SA, fusión que se formaliza el 6 de octubre del 2004.
Su actual consejo de administración es una prueba de que los tentáculos “malayos” han hecho presa en la provincia de Toledo y eso suponiendo que no haya que cambiar de perspectiva y considerar que la trama marbellí no es el centro de la red, sino otro más de sus nodos, conectado con un un punto de control aún indeterminado pero que se va dibujando cada vez con más nitidez y que se despliega por Murcia, Valencia, Toledo, Madrid, Malaga, Guipúzcoa, Avila, Zaragoza, etc.
El presidente de LAYOS CASA CAMPO es, naturalmente, Miguel de Oriol e Ybarra. Como consejeros están sus hijos Miguel, Carmen y Pedro de Oriol e Icaza pero, además, también es consejero de la empresa Francisco Javier Arteche Tarascón (véase aquí un escueto resumen de sus correrías) Y consejero delegado, Luis María Maya Galarraga, otro de los “cabecillas” de la “trama vasca”. El resto del consejo está formado por las siguientes personas:
SARRIA OSES, JUAN MIGUEL. Consejero
ARALUCE LOPEZ, LUIS EMILIO MARIA, Consejero.
RODRIGUEZ ARAUZO, JULIO. Apoderado
PROTA VILLACAÑAS, ELENA. Apoderado.
ANSOALDE ASTIAZARAN, IMANOL, Secretario.
PROTA VILLACAÑAS, ELENA. Vicesecretario.
En cuanto a LC RES SA. empresa que se fusiona con la inicial LAYOS CASA CAMPO SA, los datos de que se dispone no hacen otra cosa que reforzar la prueba de la ya antigua relación entre Oriol e Ybarra y los miembros de la “trama vasca”. El presidente de LC RES, desde 1999 fue Miguel de Oriol e Ybarra. Sus consejeros fueron Miguel de Oriol e Icaza, Luis María Maya Galarraga, Francisco Javier Arteche Tarascón y, también, Miguel de Oriol e Ybarra. Apoderados lo fueron Julio Rodríguez Arauzo y Luis Maya Galarraga. El Cargo de Consejero Delegado lo ocupó Luis María Maya Galarraga y el de secretario, José Victor Arrizabalaga Goñi.
Ninguno de estos nombres es para pasar de largo sobre él y todos juntos conforman una estructura que se extiende por Toledo y sus alrededores pero, de momento, vamos a seguir una sola de las líneas que confluyen en Layos.
El secretario de LAYOS CASA CAMPO SA, Inmanol Ansoalde Astiazarán pertenece a la consultora ALT ASESORES. Esta consultora también está ligada a la “trama vasca”. Comprobadas las inscripciones registrales, consta que la mercantil LINARES & KINKEL SL desempeñó los cargos de administrador, consejero delegado y presidente de ALT ASESORES hasta el 26 de febrero de 2004. A su vez, LINARES & KINKEL está administrada por Luis Fernando Linares Torres (recientemente detenido en relación con la Operación Astapa) por José Ignacio Sánchez Baranda y por María Eugenia Yeregui Kinkel, quien también es propietaria de la sociedad YEREGUI DESARROLLO SL y, en términos generales, socio habitual de Javier Arteche, de Maya Galarraga y de Aguirre Iguíniz, es decir, miembro señero de la “trama vasca”, como se puede comprobar en esta noticia.
Sobre ellos, El Diario Vasco publicaba lo siguiente: “El abogado -esto es, Luis Fernándo Linares Torres- es fundador y socio-presidente de Linares & amp abogados, que tiene tres bufetes: en Donostia, Madrid y Zaragoza. El despacho cuenta con otros dos socios: María Eugenia Yeregui y José Ignacio Sánchez, que compartían también responsabilidades en el Grupo Meyluna”, Grupo que está implicado en el Caso Valle Romano.
Pero no terminan aquí los lazos de ALT ASESORES con lo que el Juez Miguel Angel Torres llamó una “organización criminal dedicada a una multiplicidad de conductas delictivas”, es decir, con la trama de Juan Antonio Roca —suponiendo, que es mucho suponer, que la verdadera cabeza de esa trama sea Roca— Puesto que en esta empresa también están presentes Iñigo Arruti Narvaiza, apoderado de la mercantil AGUIRENE, cuyo administrador único es Agustín Aguirre Iguíniz, miembro a su vez muy destacado de la “trama vasca” y que, por ejemplo, a través de AGUIRENE pagaba las facturas de una visa oro utilizada por Montserrat Corulla (véase la noticia aquí) Testaferro de Juan Antonio Roca, según ella misma ha reconocido en las declaraciones que constan el el sumario de la Operación Malaya.
Igualmente, aparecen en la administración de ALT ASESORES, Iñaki Ansoategui Fernández de Arroyabe, técnico del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Guipúzcoa, así como administrador único de EUSMA GESTIÓN SL -hecho que enlaza con el caso de la estafa a la Hacienda Foral de Guipúzcoa- Y Jesús María Jiménez Oruna, que en 1998 fue nombrado Jefe de Sección del Impuesto sobre Sociedades del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Guipuzcoa, y administrador único de la mercantil PROMONAGÜELES S.L.
La empresa PROMONAGÜELES, por supuesto del gremio de la construcción, está extinguida actualmente, pero los datos que constan en el Registro Mercantil demuestran que que los administradores de esa sociedad fueron el citado Jiménez Oruna y, antes de él, Manuel González Sánchez-Dalp, presunto testaferro de Roca, procesado junto a su hermano Ignacio por el Caso Malaya y para quienes se decretó una fianza de 2.000.000 de €.
En el Tomo IV del Sumario Malaya consta un informe de la UDEF-BLA (Unidad de Delincuencia Económia y Fiscal) “sobre las actividades relacionadas con el blanqueo de dinero de Juan Antonio Roca Nicolás y determinadas personas que actúan para él como sus testaferros”.
En la página 37 de ese informe aparece un organigrama de las entidades dependientes de la mercantil INMOBILIARIA AHUCA SL., cuya propiedad se atribuye a Roca. Una de las entidades dependientes de INMOBILIARIA AHUCA es, precisamente PROMONAGÜELES SL. Sobre esto, en el informe se lee lo siguiente:
“Según información facilitada por la AEAT, Inmobiliaria Ahuca SL, es titular de 250 participaciones de la mercantil PROMONAGÜELES SL (B92017987) Por compra a Manuel González Sánchez-Dalp, amigo de Roca y del que se hablará posteriormente en relación con PERINAL y el CORTIJO LA CARIDAD. En este mismo ejercicio la entidad PROMONAGÜELES SL declara ventas a OBARINSA SA (A20476669) por 522.880,53 €”.
El presidente de OBARINSA, hoy disuelta, era Javier Arteche Tarascón. Es de notar, no obstante, que la empresa con su patrimonio no ha desaparecido, sino que se pretendió escindir en dos nuevas sociedades pendientes de constitución: OBARINSA SL y BURNIBERRI. La primera de ellas volvió a ser disuelta y la segunda parece no haber llegado a constituirse, pero todo indica que su patrimonio sigue en manos del entramado “vasco-malayo”.
ALT ASESORES también está presente en la documentación obrante en el Sumario Malaya. En el Tomo LXVII de las Previas 4796/2005, consta un informe de la Brigada de Delincuencia Especializada de la policía judicial en el que se da cuenta, entre otras muchas cosas, de cierta documentación intervenida a Salvador Gardoqui Arias, presunto testaferro de Roca. Entre esa documentación aparece un informe de ALT ASESORES – folio 19.612 del Sumario- sobre las “obligaciones para las empresas que realicen actividades inmobiliarias derivadas de las medidas de prevención de blanqueo de capitales” .
Se da la circunstancia de que, en el mismo informe citado, se hace referencia a la intervención de un contrato que estaba en poder de Gonzalo Astorqui, entre Julio Blasco Bazo Garrido, en representación de MASDEVALLÍA, y CCF21 -ambas, empresas que la investigación considera propiedad de Roca- fechado el 20 de julio de 2005, por el que ambas partes acuerdan retrasar el vencimiento previsto para ese día. Se trata al parecer de la compra de dos terrenos denominados “Los Verdiales Norte” y “Ave María”, por los que se llegó a pagar un precio de 2.520.000 €.
Sobre este caso, El Confidencial, publicó lo siguiente:
“El magistrado ha ordenado tomar declaración como imputados en relación con la operación Ave María, además de a Arteche, a Roca, al ex alcalde Julián Muñoz, a los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor y al abogado Francisco Soriano -también procesados por el Caso Malaya-, así como a Inés Soroeta y al tasador José Mora. En relación con las actuaciones urbanísticas sobre la parcela Francisco Norte, tendrán que comparecer como imputados Muñoz, Arteche, Segundo Pastor y Marisol Yagüe.
El magistrado señala que en la operación Ave María el Ayuntamiento firmó un convenio en septiembre de 2002 con la empresa CCF 21, propiedad de Sánchez y Liétor, por el que el consistorio cedió un aprovechamiento urbanístico por valor de más de 1,4 millones de euros a cambio de una finca cuyo valor no superaba los 30.000 euros”.
Por otro lado, CAJA CASTILLA-LA MANCHA no está muy lejos de todo esto. De la financiación de las promociones inmobiliarias del campo de golf de Layos, se hablará en su momento, pero ahora hay que hacer referencia a una coincidencia significativa.
En el campo de golf de Layos, como ya he dicho, hay construidos dos hoteles. El que ahora interesa es el llamado BARCELÓ ALBA DE LAYOS (en la foto). Las obras de construcción de este hotel las realizó PEYBER, es decir, la empresa del aparejador municipal de Carranque que, con CCM y con Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado —los socios de Enrique Ventero en Los Alcázares— en el correspondiente consejo de administración; desarrolla el campo de golf de Carranque.
Pues bien, la obra del citado hotel le fue encargada a PEYBER por la empresa GERENS MANAGEMENT GROUP, denominada actualmente GERENS HILL INTERNATIONAL. En esta empresa dedicada a la gerencia de proyectos, aunque tampoco hace ascos a la construcción; participan varias cajas de ahorro de las cuales, las principales son Caja Avila —también asociada a Enrique Ventero en sus proyectos de Los Alcázares— EL MONTE-Caja Sol, cuyas conexiones con implicados en la Operación Malaya han sido ampliamente puestos de manifiesto por los medios de Comunicación y, como al parecer no podía ser de otra manera, CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACIÓN, entidad dependiente de CCM, la misma Caja asociada a Ventero en Los Alcázares, la misma que prestó 40 millones de € a las empresas MASDEVALLÍA y ONE PROPERTIES, ambas propiedad de Roca, y la misma que, también, prestó el dinero a Roca para la compra del Palacio de Saldaña, en Madrid.
Indudablemente, esto sitúa al campo de golf de Layos y a las empresas relacionadas con ese proyecto, en un contexto considerablemente polémico. Ahora habrá que ver cuál es el entorno político y financiero de estas operaciones, pero de momento todo parece indicar que uno de los círculos más selectos de la Trama Malaya ha acampado en Toledo.
Sin duda, tengo que ratificarme, nuevamente, en lo ya dicho: Alejandro Pompa puede no ser luminoso, pero es un extraordinario “conductor de luz”

Allí encontramos domiciliada a ASMOA ZERO SL, una de las sociedades controladas por ALFONSO VEGARA GOMEZ, “prestigioso” urbanista de reconocimiento internacional.

“Alfonso Vegara ha sido miembro del Consejo Asesor Internacional de la Fundación Eisenhower Exchange, presidida por el ex-presidente George Bush y en la época en la que el actual Secretario de Defensa Donald H. Rumsfeld era su Presidente ejecutivo.

Ha sido autor de numerosos proyectos urbanísticos de entidad en el ámbito internacional y ha llevado a cabo la planificación territorial en numerosas regiones españolas.

En la actualidad es Presidente de la International Society of City and Regional Planners (ISOCARP). También es Presidente de la Fundación Metrópoli, cuya misión es contribuir a la innovación y al desarrollo de las ciudades y los territorios desde una perspectiva internacional”

(Territorios Inteligentes)

De Alfonso Vegara, la Fundación Metrópoli y sus ramificaciones en tramas urbanísticas nacionales , Notitia Criminis ya nos sirvió un interesante resumen:

(NOTITIA CRIMINIS: Petra Mateos, persona de confianza de Bono, acerca el Caso Malaya hasta las puertas del despacho de José María Barreda)

Pero nada se ha publicado de otras conexiones no menos interesantes:

A través de Riofisa, (Alfonso Vegara – Caixa Catalunya y su filial inmobiliaria Procam – Eduardo Aznar Berruezo) se llega al caso Pretoria de corrupción urbanística destapada recientemente en Cataluña.

Recordemos que Riofisa estuvo también implicada en La Zerrichera (Murcia), otra de las operaciones urbanísticas en la que aparecían nuestros “ilustres” Luis Maya Galarraga y Francisco Javier Arteche, socios de la Kutxa.

Tal y como desvelaba El Mundo, Caixa Catalunya, a través de su filial inmobiliaria Procam, pagó 1,5 millones de euros por el ‘pelotazo’ del puerto de Badalona a 3 de los máximos implicados en el caso Pretoria (Alavedra, Prenafeta y Luis García).

La operación pasaba por la compraventa de la sociedad Badalona Building Waterfront. En la misma intervienen Caja Navarra y Caixa Catalunya.

En la sociedad Badalona Building Waterfront figuraban como administradores antes de la venta, por parte de Caja Navarra, Francisco Pretus (hermano de Gabriel Pretus Labayen, cuñado éste último de Pío García Escudero), implicado en la trama BBV Privanza, y Juan Felipe Ruiz Sabido, responsable de una sociedad municipal de Badalona. Una vez adquirida, se incorporan al consejo de administración Lluís Casamitjana, presidente de Espais e imputado por Garzón, y Eduarzo Aznar Berruezo, en representación de Procam.

Eduardo Aznar Berruezo lleva dos años imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios en el aún abierto caso de corrupción urbanística Terres Cavades, el mayor escándalo político de Tarragona de los últimos 10 años

(Pags 74-75) Declaración de Montserrat Corulla:

Continúa manifestando que “en la actualidad las personas que dirigen todas las sociedades son Gonzalo Astorqui, que se apoya en un fiscalista llamado Jesús Jiménez, que trabaja con un grupo del País Vasco de un tal Javier Arteche. Sabe que Jesús Jiménez trabaja con los vascos porque en una reunión Juan Antonio Roca le dijo “a ver sí a mi me vas a cobrar mas que a los vascos”. La declarante nunca ha intervenido en ningún negocio con este grupo salvo lo que antes ha narrado de Estepona, y también sabe que este grupo ha adquirido una finca muy grande en Murcia llamado Lopollo (Lo Poyo). También sabe que se han reunido Gonzalo Astorqui, Jesús Jiménez, Manuel Sánchez Martín y Francisco Soriano Pastor porque iban a transferir todas las propiedades de estas sociedades para ponerlas a nombre de dos sociedades de los hijos de Juan Antonio Roca con
excepción de las de Condeor”.

Afirma que “ella nunca ha estado en estas reuniones en las que se trataba de la transmisión de los bienes para ponerla a nombre de las sociedades de los hijos de Juan Antonio Roca”. Resulta curiosos su afirmación de que “últimamente se celebraban reuniones en las que tenían que consultarle las dudas sobre temas fiscales a Jesús Jiménez, y ella asistía en lo que se refería a Condeor.

Interesante resulta su afirmación de que “en los últimos tiempos se celebraban unas reuniones de los que se auto denominaban Consejo de Sabios, y a las que asistía Juan Antonio Roca, Gonzalo Astorqui, Ruiz Garma y una cuarta persona de la que no recuerda el nombre, y Manuel Sánchez Zubizarreta. Es posible que también asistiera a estas reuniones el fiscalista Jesús Jiménez (entiendo que se trata de Jesús Jiménez Oruna) que en su contrato tenía unas fechas fijas para bajar a Marbella.

(Pags 77-78) ALT ASESORES

Entre la documentación intervenida aparece un contrato entre Julio Blasco en representación de Masdevallía y CCF 21 de fecha 20 de julio de 2.005 por el que las partes acuerdan retrasar el vencimiento previsto para ese día relativo a la compra de lo terrenos del URPG-NG-13 (Los Verdiales Norte) y URPG-RR-15 bis (Ave María) operaciones inmobiliarias realizadas por Roca en perjuicio del Ayuntamiento de Marbella y que le generan enormes beneficios.

También se encontró una nota informe de ALT Asesores sobre las obligaciones para las empresas que realicen actividades inmobiliarias de prevención de blanqueo de capitales, por lo que mal puede afirmar que desconocía estas obligaciones.

El enlace:

http://www.scribd.com/doc/208840/auto-malaya