Un reciente informe del Ministerio de Economía y Hacienda que denuncia las prácticas de Telefónica contra sus competidores ha sido muy bien recibido en Euskaltel, que recurrió las campañas de publicidad y marketing directo del antiguo monopolio para evitar la preasignación con otros operadores, que consiste básicamente en que todas las llamadas se realicen automáticamente con una empresa distinta. “Hacemos un llamamiento para actuar dentro de unas mínimas normas de ética y buenas prácticas”, explican desde la compañía presidida por José Antonio Ardanza.

El informe de 80 páginas, al que ha tenido acceso @Euskadi, será utilizado ahora por el Tribunal de Defensa de la Competencia para imponer una multa a Telefónica vinculada a la cifra de sus ingresos anuales, es decir, 7.600 millones de euros. El Ministerio de Economía también propone que el antiguo monopolio envíe cartas aclaratorias sobre la preasignación a todas las personas y empresas a las que se dirigió entre 1999 y 2002.

El Gobierno abrió expediente a Telefónica hace casi un año a raíz de una denuncia de la asociación Astel, en la que están integrados Euskaltel y otras compañías de telecomunicaciones. Esta organización había observado una campaña de publicidad en televisión, diversos documentos internos -”argumentarios” comerciales- y mailings del antiguo monopolio en los que, a su entender, se despreciaba a la competencia y se vertían falsedades con la única finalidad de “crear temor y confusión entre los usuarios a la hora de optar por el cambio de operador”.

Astel denunciaba, entre otros hechos, que Telefónica advertía a sus clientes de la posibilidad de perder los servicios de identificación de llamadas o el contestador automático gratis o de sufrir una mayor demora en las reparaciones de averías si cambiaban de compañía. Durante la investigación, los funcionarios del Ministerio de Economía se toparon también con una cierta oposición por parte del operador dominante, al que acusan veladamente de “ocultar pruebas” en una visita realizada a una de sus sedes.

Al final, el organismo del Gobierno central concluye que el número de preasignaciones se ha frenado sustancialmente durante 2002 como consecuencia, en parte, de las prácticas contra la competencia que ha realizado el antiguo monopolio. “Se crea la falsa apariencia de que la contratación con un operador alternativo supondrá la pérdida de un conjunto de servicios que existen, pues se paga por ellos, con independencia del operador con el que se contrate el servicio de voz y se impide el acceso de los usuarios a servicios de telefonía alternativos que podrían resultar económicamente más atractivos por miedo a dejar de recibir unos servicios por los que ya se paga”, explica el Ministerio de Economía.

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones acaba de multar a Telefónica con otros 3,5 millones de euros por utilizar la lista de clientes que se habían preasignado con otras compañías para hacerles llamadas comerciales con el fin de recuperarlos. El organismo oficial obliga además al antiguo monopolio a abstenerse de realizar cualquier comunicación a estos usuarios durante un mínimo de cuatro meses.

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