El timo de la protección de datos

En el último evento al que asistí en Israel, aproveché para moderar un debate sobre protección de datos en el que expuse mi opinión de que es una de las mayores sandeces que se han inventado los burócratas de Bruselas. Y percibí que todo el mundo estaba básicamente de acuerdo en que la nueva regulación solo servirá para que unos cuantos listos se hagan ricos con su «asesoramiento».

Puse como ejemplo fundamental lo que ocurre con el famoso aviso de cookies que han tenido que introducir todas las webs que operan en Europa. ¿Ha servido para algo? Tan solo para que tengamos que perder el tiempo marcando en la casilla que elimina este estorbo a la hora de navegar por la correspondiente página. Además, todas las empresas han tenido que dedicar recursos a activar este aviso.

La regulación sobre protección de datos es un síntoma de los males que acechan a Europa: mientras los americanos se dedican en cuerpo y alma a innovar, en la UE no hacemos otra cosa que poner barreras y dificultades a los que quieren hacer cosas en Internet. Capítulo aparte es el derecho al olvido, que solo ha servido para que unos cuantos delincuentes y sinvergüenzas borren sus rastros de Google.

Se debatió también el tema de Cambridge Analytica, que como es sabido es una empresa europea, lo que no ha impedido que se haya dedicado a extraer masivamente datos personales de Facebook y otras redes sociales. ¿Ha servido de algo la regulación? Una vez más, no. Además, uno de los participantes recordó que el nuevo reglamento europeo de protección de datos, el RGPD, autoriza expresamente a los partidos políticos a hacer este tipo de investigaciones.

Un RGPD, por cierto, sobre el que se están contando muchas medias verdades, obviando por ejemplo que todas las pymes están básicamente exentas de su aplicación. Introduce, sin embargo, en las grandes compañías e instituciones una larga serie de obligaciones que se traducen en el fondo en mayores costes.

Sirva como ejemplo que la televisión vasca, EITB, se va a gastar 15.600 euros anuales para subcontratar a una empresa que le preste el inútil servicio de «delegado de protección de datos». Casualidad o no, el apoderado de la firma adjudicataria era anteriormente el máximo responsable de la Agencia Vasca de Protección de Datos.