Es obvio que el día que no haya terrorismo (que llegará) habrá unos cuantos negocios que lo pasarán mal en Euskadi. Uno de ellos es el del periodismo y el otro es el de la seguridad privada. Viene esto a colación de un reportaje de El Confidencial sobre “el pastel” de la protección a los amenazados por ETA.

Se trata de un negocio de 99 millones de euros anuales sólo para el Ministerio del Interior. A esta cantidad hay que sumarle la que pagan los propios partidos y otras instituciones. Lo más interesante es que el pastel se reparte entre muy pocos: un total de 9 empresas y sobre todo dos de ellas: Ombuds y Eulen. La primera es de la familia Cortina y la segunda de los Alvarez Mezquíriz, que proceden de Bilbao. De hecho, Eulen S.A. sigue teniendo domicilio social en Bilbao, en la avenida Lehendakari Aguirre. Estas dos compañías se llevan 36 millones de euros al año. Les siguen Seguriber, Coviar, Prosegur, Securitas, Prosetecnisa y Segur-Ibérica.

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