El Gobierno Vasco aprueba un plan 3R 4.0 para las empresas en crisis con ayudas de hasta un millón de euros

Bideratu Berria. Así se llama el plan de ayudas a la reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis que acaba de aprobar el Gobierno Vasco y que, por tratarse de “anticipos reintegrables” que pueden alcanzar hasta el millón de euros, recuerda mucho al programa 3R lanzado en los noventa por Jon Azua. Su objetivo es dar un balón de oxígeno a compañías que están a punto de morir y que tienen cierta viabilidad. Para este año se han consignado 1,4 millones de euros.


No estoy muy a favor de este tipo de ayudas porque suponen enfocarse en sectores moribundos. De hecho, el 3R recibió muchas críticas porque una parte importante de las empresas que recibieron los anticipos se los comieron y no sobrevivieron, con el consiguiente coste para el erario público.

Pero hay que reconocer que en Bideratu Berria se han puesto múltiples medidas para evitar que se ayude a compañías inviables. Veamos los más significativos:
– Su objetivo son empresas que tienen una importante carga financiera que les impide realizar restructuraciones que permitirían ver el futuro con más optimismo. Se trata no solo de ayudar a reducir el tamaño de una compañía sino también a diversificar hacia nuevos sectores con mejores perspectivas.

– La restructuración a realizar debe permitir a la empresas cubrir posteriormente todos sus costes, incluidos los relativos a la amortización y las cargas financieras.

– Los beneficiarios han de introducir contrapartidas en favor de sus competidores, como ventas de activos, reducciones de capacidad y cuota de mercado y facilidades para la entrada de nuevos actores.

– No es aplicable a sectores que se sabe que son inviables, como las firmas de carbón o acero y todas las que la UE ha determinado que tienen exceso de capacidad estructural. Dicho de otra forma: estas empresas es mejor que cierren.

– Solo es aplicable a pymes de cierto tamaño (40 empleados o facturaciones superiores a 3 millones de euros) y se excluyen explícitamente las que forman parte de un grupo y las creadas en los tres años anteriores.

– Se exige expresamente que las empresas beneficiarias estén al día en sus pagos a Hacienda y Seguridad Social, lo que excluye a una gran parte de las firmas en crisis.

– Se exige contribuir con recursos propios (por ejemplo, vendiendo activos) en la misma proporción que la ayuda pública, que no podrá superar el 50% del coste de las medidas de restructuración.

– Los beneficiarios tendrán que hacer una declaración de bienes y derechos disponibles por la sociedad para garantizar la devolución de las ayudas.

– No se podrán volver a pedir ayudas de este tipo hasta diez años después.

– No se podrán entregar dividendos a los socios durante el periodo de ejecución del plan de restructuración. Tampoco se permite transmitir acciones de la empresa sin consultarlo previamente con el Gobierno Vasco.

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