Esta vez Garzón no ha citado al gestor, pero sí que ha enviado a la Policía judicial a registrar la empresa. Y hoy le ha tocado a Construcciones Amenabar, que presuntamente pagó 200.000 euros a ETA de un total exigido, como impuesto revolucionario, de 600.000 euros. Esa diferencia de 400.000 euros explicaría las dos bombas que la banda ha colocado este año en una excavadora y en una oficina de la empresa.

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