Según cuentan en El Correo, el Gobierno Vasco está dispuesto a pagar 25.000 euros a cada uno de los 1.200 camioneros que actualmente operan en el puerto de Bilbao y que decidan retirarse. Si todos lo piden, son 30 millones de euros. Como es sabido, estos transportistas controlan el mercado con métodos que recuerdan al Chicago de los años veinte o al sistema que se aplica con los taxis pero sin ningún control administrativo.

Para poder cargar mercancías en el puerto, hay que disponer de una “licencia” de las que emiten dos organizaciones privadas, Egas y Sintrabi, que paradójicamente se hacen llamar sindicatos (en realidad son patronales de autónomos). Si no se dispone de este papel, que vale en el mercado negro unos 90.000 euros, no se puede entrar en el recinto portuario, a riesgo de sufrir represalias.

La Administración lleva años tratando de eliminar este sistema auto-gestionado que, a su juicio, ha encarecido los precios del puerto bilbaíno. Al operar en régimen monopolístico, estos camioneros imponen sus tarifas, que las empresas deben asumir. Obviamente, una liberalización real (en teoría, este mercado ya es libre y cualquiera podría transportar mercancías) reduciría los precios y haría más competitivo al recinto portuario vasco, que está perdiendo posiciones respecto a otros, como Valencia.

A mí me parece absurdo que ofrezcamos dinero a alguien para que cumpla la ley. Como dice la patronal del transporte de Bizkaia, Asetravi, “establecer medidas especiales para quienes vulneran las normas es premiar y, en consecuencia, incentivar las prácticas ilícitas”. La única solución que cabe es que la ley y el orden imperen en el puerto, igual que lo hacen fuera de él. Es más ético e incluso más social gastar dinero en llevar ertzainas para proteger cada camión que en pagar “prejubilaciones”.

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